Fabricio Brogna: “La tierra no se defiende a los tiros y los palazos”

El fiscal general Fabricio Brogna dialogó con “El Expreso Periodístico” de El Cordillerano Radio (93.7) y defendió el accionar de los fiscales barilochenses ante los diversos conflictos que se dieron en el último tiempo en torno a las ocupaciones.

Brogna explicó la situación en torno a la Lof Winkul Mapu en Villa Mascardi y el pedido del Obispado de San Isidro para no avanzar con un desalojo violento de los integrantes de la comunidad que ocuparon el predio.

El jefe de los fiscales rionegrinos señaló que se trata de “un pedido que supedita la medida (desalojo) a la ausencia de violencia en la realización de la misma. Tienen todo el derecho del mundo a poner condiciones sobre una causa que los tiene como víctimas y principal protagonista y ponen como condición que la medida sea desarrollada sin violencia. En este contexto particular esa condición hace muy difícil la realización de la medida. Trataremos de ajustar la medida a las pretensiones de la querella y veremos si es posible la realización”, apuntó Brogna.

En ese sentido añadió “ya no es un fiscal que representa a la acción pública, sino un fiscal que tiene que tener mucho entendimiento con la víctima, por eso hemos publicado institucionalmente nuestra postura en el caso. En la cautelar vamos a acompañar la visión de la víctima y el delito lo vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias. Que se ejecute o no el desalojo no quita lo delictivo al hecho de ocupar mediante violencia un predio que posee otro”, resumió.

Consultado por Antonio Zidar respecto a un posible paralelo a lo que ocurre con la retractación de las víctimas de violencia de género, el fiscal describió que en ese tipo de casos hay “una normativa plus respecto de la protección de la víctima, porque está acompañada por estudios científicos que nos indican que la víctima para dar un consentimiento válido, libre, tiene primero que pasar por un proceso de empoderamiento, rodeada de ciertas seguridades que nos muestren que no está dentro de lo que se llama un círculo de violencia que la lleva a dar un supuesto consentimiento, que al fin y al cabo termina siendo un consentimiento viciado, porque está presionada por un contexto económico o emocional o cultural. En este caso particular no se puede decir eso de nuestra víctima. La iglesia como institución o la querella en su representación legal, de ninguna manera puede decirse que está viciada, cooptada o presionada su voluntad de alguna manera porque los ocupantes de ese lugar no pueden representar presión alguna para la iglesia católica”.

Sobre el particular, Brogna explicó que “Nuestro proceso le da un lugar preponderante a la víctima, claro que la comisión de un delito tiene muchos componentes, pero dos fundamentales de lo que estamos charlando. La propia lesión sobre los derechos de la víctima y la transgresión de la norma penal, a la prohibición respecto de la que todos los ciudadanos argentinos nos hemos puesto de acuerdo que no se hace, que está prohibida y conlleva una pena. Entonces, para ceder a los derechos de la víctima, en el sentido de hacer desaparecer la acción penal, esa acción penal tiene que ser poco lesiva, de menor cuantía y no afectar gravemente el interés público”.

Y en ese sentido detalló: “Consideramos que un hecho de usurpación en las condiciones en las que se ha dado, sumando además el daño en el predio del Obispado, es una acción que nosotros no podemos perdonar. Podemos supeditar el desalojo a los deseos de la víctima y a las condiciones que imponga la víctima sí, porque es una cautelar. Ahora como el delito ha sido un delito de gravedad, lo vamos a perseguir y vamos a pretender condena porque los argentinos nos hemos puesto de acuerdo en la propiedad privada y creemos que el modo de discutir acerca de la posesión o eventualmente de los derechos reales de la propiedad sobre una tierra determinada se defiende ante los organismos correspondientes y no a los tiros ni a los palazos”, resumió.

Brogna destacó que “nuestros fiscales han actuado en este caso y en los similares, que tienen este componente de reivindicación de la posesión ancestral por parte de las comunidades originarias -hablo de Lozada, de Soto, de Arrien, Miranda-, han estado comprometidos en la investigación y tramitación de estos procesos, lo han hecho siempre en el máximo respeto por todos los derechos que están en pugna en una supuesta usurpación, hemos tenido posiciones variadas, porque no todos los casos son iguales” y agregó “quiero hacer un reconocimiento público al compromiso que tienen nuestros funcionarios de toda la provincia y en este momento tan delicado de la Tercera Circunscripción Judicial”, “ellos asumen estoicamente esta función y les quiero hacer el reconocimiento público porque estoy orgulloso de los funcionarios de allí”, cerró.

El fiscal general señaló que “la ley da caminos, nuestra ley es buena, inclusive la Penal, la más represiva y quizás la que menos atiende a la cuestión social. Tiene previsto que el juez escuche ampliamente a las partes, que la medida no se produzca en determinadas circunstancias. Hasta la misma legislación penal tiene ciertos recaudos para no ir a una violencia extrema o para minimizar lo más posible el uso de la violencia, incluso en lo que hace a la vía recursiva y la cantidad de instancias de las partes para ser escuchadas y hacer valer sus derechos y peticiones. Esto impide que se hable de un estereotipo de fiscal perseguidor de derecha, que no atiende a las cuestiones sociales o cuestiones inherentes al derecho de los pueblos originarios. Eso es mentira, hay que decirlo de una vez por todas. Nuestros funcionarios son perfectamente empáticos a esas situaciones, sin desconocer los derechos que tiene el propietario o anterior poseedor del lugar y compatibilizan ambas situaciones de la mejor manera que pueden y el Estado rionegrino no deja de escuchar esos reclamos. Lo que en este caso particular nos alarma a todos, es que hay una parte que no tiene ganas de discutir civilizadamente, entonces de alguna manera la respuesta estatal a eso, tiene cierto grado de violencia y eso es lo que nos preocupa a todos”.

Sobre las situaciones que ocurren en el último tiempo en Bariloche y la región, Brogna llamó especialmente a la prudencia y destacó que el Ministerio Público lo está haciendo y lo demostró en El Foyel y remarcó que es el “modo en el cual deben hacerse estas medidas, para hacer primar el derecho, el contrato que todos tenemos a vivir en paz y respetar al otro y sobre todo la propiedad privada, porque si para hacer valer esos derechos, genero más violencia y genero un hecho de sangre, como tenemos el tristemente célebre caso de Nahuel, nos pasa lo que nos pasa, después resulta que la situación mínima asume un volumen que después es muy difícil volver a ponerle orden, de volver a poner blanco sobre negro y de volver las cosas a su estado o a su cauce natural. Hemos dado muestras de que no vamos a tontas y a locas, no nos metemos a los tiros aún a recuperar lo que es justicia recuperar. Lo hacemos de una manera programada, pautada, meditada, con los protocolos que hacen al caso, para respetar todos los derechos, inclusive de los que han violado derechos de otros”.

Mariano Colombo