APDH pide que se concreten mejoras ordenadas en el Penal 3

La Asamblea Permante de Derechos Humanos denunció a través de un comunicado una clara violación a los derechos humanos de los internos del Penal 3 de Bariloche y acusó que se trata en definitiva, de reeditar la violencia institucional histórica.

 

En ese sentido señalaron que "Desde hace años los Organismos de Derechos Humanos venimos denunciando las innumerables falencias de la Alcaidía para lograr que quienes están privados de su libertad lo hagan dignamente, contando además con los elementos para poder rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad". Recordaron que a lo largo de los años fueron numerosos los trámites de amparos iniciados, que en algún caso lograron "parches", pero nunca la solución definitiva y "acorde con nuestra Constitución Nacional y Provincial".

 

En ese contexto vaildaron que el pasado 24 de julio la jueza de Ejecución Penal Sandra Ragusa ordenó al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro “que arbitre los medios económicos y logísticos para proveer de agua caliente a las celdas que no poseen; proveer de algún medio de calefacción para las celdas que no poseen; disponer el cerramiento de las ventanas que carecen de los mismos y reparación de la instalación eléctrica de los pabellones 1 y 2".

 

APDH también remarcó que por la emergencia sanitaria esté vigente la restricción de las visitas a los lugares de encierro "para comprobar las graves denuncias de vejaciones y de agravamiento de las situaciones de detención".

 

En ese escenario solicitaron a la jueza Sandra Ragusa a tomar urgentemente las "medidas necesarias ante la falta de respuesta y solución a las tareas ordenadas, que lindan con el incumplimiento de los funcionarios públicos y que extiende en el tiempo una clara conducta de violencia institucional que la justicia no puede permitir".

 

A través de su misiva, APDH también instó a la Gobernadora, "a que tome directa intervención dado la negativa del Ministro de Seguridad a tener diálogo con los organismos de derechos humanos y a cumplir las medidas elementales ordenadas por la jueza interviniente.