Otro fallo ratifica que a la Fiscalía se le vencieron los plazos para impugnar

El Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso extraordinario federal y de ese modo impidió la llegada a la Corte Suprema. A la fiscalía, le queda una última oportunidad justamente ante el máximo tribunal de la Nación, para intentar revocar un fallo que sobreseyó al ex delegado de Rentas en Bariloche, imputado por enviar a remate un terreno que fue comprado en la subasta por su suegro. 

Una sentencia que hasta ahora prevalece, dispuso el sobreseimiento de Federico Martínez porque la Fiscalía y la parte querellante no lograron demostrar que el ex delegado de Rentas de Bariloche había incurrido en el delito de negociaciones incompatible con el ejercicio de sus funciones por el que lo habían acusado.

Esa resolución aún vigente, fue dictada por el juez Bernardo Campana. Más tarde el fiscal Guillermo Lista planteó un recurso para revisar esa resolución pero según resolvió el tribunal de Impugnaciones sus planteos fueron extemporáneos. Es decir, fuera de los plazos legales.

Ahora, el fiscal general Fabricio Brogna, pidió al Superior Tribunal de Justicia que sea la Corte Suprema la que revisara la resolución que dispuso el sobreseimiento. Pero ante el rechazo solo cabe una última instancia recursiva: una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin un dictamen favorable en esa instancia, el caso contra Martínez habrá quedado definitivamente cerrado con su sobreseimiento.

Según denunció la parte que luego se constituyó como querellante, Martínez mandó a ejecutar un inmueble de unos dos mil metros cuadrados, por una deuda de impuesto inmobiliario. El trámite del remate siguió por los carriles legales y fue el suegro del propio Martínez, quien compró la propiedad en la subasta para un tercero, con la proyección de venderlo luego a un precio superior.

Pero la denuncia radicada en 2014 contra Martínez y familiares suyos por los delitos de defraudación, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible con la función pública, al día de hoy, no logró ser verificada. A mitad de camino, en diciembre de 2017, el juez Campana dispuso el sobreseimiento.

La Fiscalía y la Querella impugnaron primero ante el juez de revisión Héctor Leguizamón Pondal, que desestimó los planteos y confirmó el sobreseimiento. Los acusadores recurrieron al Tribunal de Impugnación de la Provincia que rechazó los recursos porque los presentaron fuera de término.

La Fiscalía insistió con una queja ante el STJ y un nuevo rechazo motivó la intervención del fiscal Brogna, pero su planteo también fue vano.

Mariano Colombo