El viernes realizarán audiencia de impugnación en causa contra comunidad Buenuleo

El juez Marcos Burgos actuará en instancia de revisión de la decisión que tomó el juez de Garantías Sergio Pichetto al aceptar la formulación de cargos contra integrantes de la comunidad Buenuleo y ordenar el desalojo de las tierras que un privado reclama, en el marco del proceso de recuperación territorial iniciado por descendientes del lonko Antonio Buenuleo.

El pasado lunes la defensa de la comunidad Buenuleo a cargo de Natalia Araya, presentó formalmente el recurso de impugnación contra la resolución del juez de Garantías Sergio Pichetto y según se informó desde los tribunales locales, este viernes se realizará la audiencia en la que las partes manifestarán sus posiciones.

Araya cuestionó en primer término que es la justicia federal la que tiene la competencia en el caso por la reivindicación territorial en la zona del Cerro Ventana, señalando como había hecho durante la audiencia de formulación de cargos, que el predio en disputa está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y por ello corresponde la competencia a la justicia federal.

Además, Araya impugnó la medida cautelar de desalojo contra las familias mapuches, que ordenó el juez Pichetto al aceptar la formulación de cargos que planteó la fiscalía. En ese sentido remarcó la defensora que la comunidad se encuentra realizando un relevamiento territorial para Pueblos Indígenas en el marco de la Ley nacional 26.160 cuya vigencia fue extendida por el Congreso y establece que se deben suspender los desalojos forzados de las comunidades, hasta tanto se cumplan con los relevamientos ordenados.

Paralelamente no hay noticias todavía de una audiencia de formulación de cargos que la fiscalía debería realizar contra una serie de personas que el día de inicio de la recuperación de la comunidad Buenuleo, se presentaron en el lugar blandiendo armas blancas y de fuego y amenazando a los presentes.

Desde la fiscalía se contestó con un tibio "estamos trabajando" ante la consulta periodística, pero lo cierto es que aún no hay noticias ni agenda que permita conocer si la fiscalía imputará a las personas que blandían armas y amenazaban a los integrantes de la comunidad, a poco de iniciada la recuperación. Todo ocurrió delante de teléfonos celulares que grabaron los sucesos, por lo que el material probatorio para respaldar la denuncia es por demás contundente.

Mariano Colombo