Confirman la condena contra policías que activaron un celular a nombre de Lucas Muñóz

Con el voto rector del juez Sergio Barotto, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó el recurso de casación que intentó la defensa de Federico Valenzuela y confirmó la sentencia que recayó también sobre Néstor Meyreles, por haber activado en Catriel una línea de telefonía celular a nombre de Lucas Muñoz, cuando el mismo se encontraba desaparecido y era intensamente buscado.

Barotto recordó que el 3 de abril de este año la Cámara Primera en lo Criminal de San Carlos de Bariloche, como tribunal unipersonal con competencia correccional, resolvió condenar a Néstor Adrián Meyreles y a Federico Oscar Valenzuela Campos a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y a cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, por considerarlos autores del delito de abuso de autoridad.

Contra la sentencia, el defensor particular de Valenzuela Campos intentó un recurso de casación, que ese mismo tribunal consideró admisible y elevó el expediente al STJ para que analice los planteos.

Así, Rodolfo Rodrigo alegó una violación a la garantía de la defensa en juicio porque antes del inicio de la audiencia del debate, pretendía ser designado como codefensor y el secretario del tribunal le hizo saber que, de ser así, el magistrado a cargo del juicio se apartaría o excusaría. Añadió que la decisión de no designar a dicho profesional se vio condicionada por ese motivo, dado que cabía la posibilidad de que la audiencia se postergara. A continuación refirió otros aspectos del trámite posteriores a las circunstancias mencionadas, por todo lo que entiende que debe anularse la sentencia y ordenarse un nuevo debate.

También aludió a la incompetencia territorial y sostuvo que el abuso de autoridad consistía en haber pedido a una empresa de la localidad de Catriel un chip de teléfono móvil a nombre de Lucas Muñoz, de modo que el hecho fue cometido en ese lugar, por lo que no podía ser juzgado en San Carlos de Bariloche.

Además, cuestionó el contenido de la sentencia al apuntar que hubo prueba decisiva no interpretada o interpretada arbitrariamente, cuestionó la calificación legal dada al hecho al razonar que "si Valenzuela se metió a investigar cosas que no le correspondían, o sea, sobre lo que no tenía autoridad, es absolutamente imposible que haya abuso de ella".

En el caso, el juez Marcelo Barrutia había considerado probado que el 15 de julio de 2016 Valenzuela desde Bariloche y Meyreles desde Catriel, acordaron generar un chip de telefonía celular a nombre de Lucas Muñoz, con la supuesta intención de colaborar en la obtención de datos o pistas que ayuden a dar con el oficial de policía por esas horas desaparecido. Lo hicieron, según la sentencia atacada por la defensa, sin estar autorizados y ni siquiera designados para trabajar en el caso.

Durante el desarrollo del caso, surgió que Valenzuela sabía de supuestos conocimientos y experiencia de Meyreles con las empresas de telefonía y la tecnología de comunicaciones, y lograron, al hacerlo a escondidas, un desvío notable en la investigación al aparecer la pista de que Muñoz estaba vivo y en Colonia Catriel, al extremo norte de la provincia.

Los jueces del STJ rechazaron inicialmente la cuestión de la designación del defensor, recordando que Valenzuela mantuvo el mismo defensor -Gustavo Godoy- desde el inicio del proceso y resultaba de su confianza.

También desestimaron los planteos relacionados con la territorialidad y la competencia de la justicia barilochense para entender en el caso, señalando que aquí se investigaba la desaparición de Muñoz y se descubrió la maniobra desplegada por Valenzuela y Meyreles, y además aquí se inició la conducta ilícita, con el pedido que Valenzuela le hizo a su colega que concretó la maniobra en el comercio de telefonía de Catriel.

Así, Barotto llegó a la conclusión que los planteos debían ser rechazados, tras realizar una revisión integral de la sentencia, y que la misma debía ser confirmada. A su postura adhirieron los otros jueces del máximo tribunal rionegrino.

Mariano Colombo