Admitieron su culpa y recibieron una condena en suspenso

Lo que inicialmente fue investigado como privación ilegítima de la libertad, torturas y robo agravado, concluyó parcialmente este miércoles (26/6) para tres de los imputados por el primero de los delitos mencionados. Los acusados admitieron su culpa y aceptaron una condena de dos años y seis meses de prisión, en el marco de un juicio abreviado. Se cierra así una causa que demoró unos diez años en ser resuelta.

Un singular episodio ocurrido en noviembre de 2009 cerró sus derivaciones judiciales al arribarse a un acuerdo de juicio abreviado poniendo fin a un proceso dilatado, enredado y ciertamente confuso. Roberto Tello, Pablo Duarte y Juan Donguito, admitieron su responsabilidad por un hecho que finalmente encuadró en la figura de privación ilegítima de la libertad y fueron condenados a la pena de dos años y seis meses de prisión. Mucho antes, Cristian Aquino Tello había sido condenado a la pena de tres años y dos meses de prisión.

El acuerdo fue celebrado entre el fiscal Eduardo Fernández, el abogado representante de la parte querellante, Sebastián Arrondo y los defensores Raúl Ochoa y Marcos Cicciarello. Todo fue homologado por el juez Rubén Marigo.

Los hechos inicialmente estuvieron encuadrados bajo la figura de torturas, privación ilegítima de la libertad y robo agravado por el uso de armas y por ser cometido en zona despoblada y en banda. Todo estaba ligado a la férrea disputa de carácter vecinal, por la titularidad de una varias veces millonaria porción de tierra ubicada en la Península de San Pedro, al oeste de Bariloche.

Las derivaciones del expediente original fueron diversas. Por caso en primer término resultaron condenados dos de los tres denunciantes: Contreras Bahamondes (el padre) y Contreras Velázquez (su hijo), a quienes atribuyeron el delito de falso testimonio, pues en su relato habían colocado entre los agresores a Juan Ymaz, vecino del lugar y en interminable disputa con Boné. Se demostró que habían mentido para involucrarlo a Ymaz en el siniestro suceso y los condenaron.

Luego, Aquino permaneció seis años prófugo de la Justicia, hasta que por otro incidente delictivo fue detenido por un Juzgado de Garantías de La Plata, y puesto a disposición de la Justicia rionegrina. Su caso había sido readecuado a las características que plantea el nuevo Código Procesal Penal y en el marco de lo que inicialmente iba a ser una audiencia de control de acusación, último paso antes del juicio, las partes presentaron un acuerdo pleno por el que el acusado se declaró culpable y aceptó la pena propuesta por la Fiscalía y por la parte querellante.

Según la acusación, todos integraban un grupo fuertemente armado, vestido con uniformes militares, que secuestró, golpeó y robó a Rafael Boné, José Contreras Bahamondes y Joel Contreras Velázquez. La acusación inicial contra los nombrados indicaba que se habían presentado en el predio, para reducir a las víctimas y además de golpearlos severamente, simularon fusilamientos, los amenazaron y les robaron diversas pertenencias. El grupo comando llegó al lugar en una camioneta de la empresa Arelauquen, provistos de pasamontañas, armas largas, handys y cuchillos, entre otros elementos. Aquino era jefe de seguridad de esa firma.

El hecho ocurrió a fines de 2009, en el marco de una extendida disputa por valiosas tierras en la Península. Boné -quien intentó quedarse con unas 40 hectáreas en el lugar, a través de la figura de usucapión- trató de impedir el paso al agrimensor Francisco Lacal Montenegro, representante de poderosos empresarios locales que, a su vez, reclamaban la propiedad de terrenos con costa de lago adquiridos en un sospechoso proceso de remate. En ese momento, tras una supuesta señal del agrimensor, el grupo comando se hizo presente, sometiendo a Boné y Contreras Velázquez, y más tarde a Contreras Bahamondes.

Mariano Colombo