Acusaron a empresario de la construcción por más de 30 hechos de estafa

El fiscal Sergio Pichetto acusó al titular de la firma HS Desarrollos Urbanos por unos 31 hechos de estafa relacionados con la venta y construcción de viviendas. Aseguró en su formulación de cargos, que actuó intencionalmente a sabiendas de que no iba a poder concretar las obras contratadas. La defensa asegura que no hubo dolo y que la cuestión podría resolverse en sede Civil, por simples incumplimientos contractuales y requirió la devolución de documentación secuestrada, para intentar cumplir obligaciones asumidas. Habrá un año de plazo para investigar. Horacio Souza quedó libre y deberá presentarse cada quince días en la Fiscalía.

El fiscal Sergio Pichetto consideró inicialmente que Horacio Souza (62) continuó pactando con clientes la construcción de viviendas a sabiendas de que no iba a poder cumplir los acuerdos, en función de una profunda crisis que enfrentaba la empresa HS Desarrollos Urbanos. Según detalló, tenía deudas con proveedores, con sus empleados, tenía problemas de habilitación municipal para funcionar y todo ello ocurría a la par de una severa crisis económica que atraviesa el país y el sector de la construcción. 

Para el representante del Ministerio Público, Souza continuó "simulando solvencia económica" de la empresa, sabiendo que "el cierre de la misma era inevitable". En la descripción del hecho, aseguró el funcionario que "todo lo que cobraba se lo apropió y no fue a la empresa", al tiempo que destacó que no se inició el procedimiento de quiebra y ofrecía como pantalla que no había problemas en la empresa, cuando "ni siquiera podía pagar a proveedores".

El fiscal describió que el acusado se reunía con sus clientes y tras ofrecerles un presupuesto concretaba las operaciones con la firma de un contrato, mediante el cual los damnificados quedaban obligados a empezar a pagar, determinando un plazo para cumplir la construcción de las viviendas. Para el fiscal, en esa simple descripción, podría entenderse que los hechos enrostrados a Souza implicaban un simple incumplimiento contractual, pero enfatizó que Souza tuvo intención de engañar a sus clientes, porque desde junio o julio de 2018 su empresa empezó a enfrentar una crisis terminal.

Pichetto describió unos 31 hechos de estafa genérica, describiendo en cada uno de ellos las fechas de los contratos celebrados, las formas de pago acordadas y el dinero total que entregaron los damnificados.

La suma total del dinero entregado alcanzaría los 28 millones de pesos y unos 82 mil dólares, discriminados según las operatorias acordadas, en entregas en efectivo o en cuotas, o contra entrega de vehículos, utilitarios y hasta terrenos.

La audiencia que se desarrolló la semana pasada, fue presidida por el juez Juan Martín Arroyo, quien aceptó la acusación fiscal y habilitó el pedido de un plazo especial de investigación, por tratarse de una causa compleja, concediendo en definitiva un año para completar la etapa penal preparatoria.

Pichetto, explicó al magistrado que mientras se producía la formulación de cargos, en la Fiscalía había otros damnificados radicando denuncias y que por los datos que manejaba, en breve tendría que readecuar la acusación y sumar otros treinta hechos más contra Souza. Además, detalló que se remitieron oficios a proveedores, AFIP, Banco Central, municipio y Secretaría de Trabajo, a fin de conocer cuáles eran las situaciones que enfrentaba la empresa. En ese sentido explicó que por ejemplo en un conocido comercio local, HS tenía una deuda de 380 mil pesos, por lo que le cerraron la cuenta corriente e iniciaron un reclamo judicial para cobrar.

"Si no le pagaba a empleados, proveedores, municipio, ¿a dónde iba todo el dinero sino era justamente a intentar cumplir sus obligaciones y construir las viviendas para las que había conseguido desembolsos extraordinarios de la gente que encargaba la construcción?", se preguntó Pichetto.

Al conocer la imputación, Souza hizo uso del derecho a defenderse. Dijo entender cómo funcionaba el procedimiento judicial en el que estaba siendo acusado y le señaló al fiscal, "Yo no hice lo que usted pretende que yo hice. Yo hice un esfuerzo titánico para salvar la empresa, entregué más de 130 casas". Y más adelante volvió sobre el punto: "Cuando la causa termine se va a poder demostrar que yo no hice eso".

Agregó que cuando se verifiquen los movimientos contables "van a encontrar que el dinero está en materiales y sueldos. No me escapé, no me profugué, tuve que tomar distancia para reconvenirme".

Luego describió "no tengo dinero en el exterior, no me he enriquecido, si soy culpable de algo es de haber intentado llevar la empresa adelante. Todo el mundo me aconsejó hacer convocatoria de acreedores y yo no acepté" y continuó "No hubo jamás de mi parte malversación alguna, errores quizás. Yo no estoy mintiendo".

Además, respondiendo al fiscal Pichetto apuntó "Yo no desmantelé la fábrica ni quise estafar a nadie" y apuntó a la realidad del país para justificar los problemas de su empresa.

En ese sentido el defensor particular Rubén Cancino, apeló a la buena voluntad de la Fiscalía para requerir documentación que le permita seguir trabajando y completando tareas. Así, describió, podría evitarse que el número de denunciantes aumente. Además, explicó que la empresa tiene un pasivo a cobrar de varios millones de pesos, con los que podría ser saneada. Pero para ello tiene que trabajar y cumplir los compromisos asumidos, señaló.

Mariano Colombo