Imputaron a dos hombres por atentado y resistencia a la autoridad

En el marco de una intervención policial fuera de un boliche de Ingeniero Jacobacci, cuatro hombres intentaron impedir el accionar de las fuerzas en la detención de un grupo de mujeres que protagonizaban una riña. Fueron acusados dos involucrados, pero otros dos pegaron el faltazo y deberán reprogramar la audiencia en su caso.

Omar Gómez (34) y Raúl Ortega (30) fueron acusados por el delito de daño calificado, atentado a la autoridad y en el caso del segundo, además, también el delito de lesiones leves. Otros dos individuos involucrados, Sebastián Antual y Pablo Díaz, no se presentaron en la audiencia y en su caso la formulación de cargos será reprogramada.

Según la acusación, el hecho investigado ocurrió el pasado 5 de noviembre poco antes de las seis de la mañana frente al local bailable OH de la localidad de Ingeniero Jacobacci. En ese lugar se desplegó un operativo policial luego de que los empleados de seguridad del local requirieran apoyo por una riña que un grupo de mujeres protagonizaba en la vía pública.

En ese contexto, cuando los uniformados redujeron a las mujeres e intentaban subirlas a los móviles policiales, un grupo de hombres, entre los que se encontraban los cuatro mencionados, intentaron entorpecer el accionar policial y comenzaron a arrojar piedras y otros elementos contundentes contra los vehículos y funcionarios policiales.

De esa manera, todos los vidrios del patrullero resultaron dañados, como así también varios agentes de la fuerza sufrieron lesiones de carácter leve. Sin embargo, según describió el fiscal, uno solo de los uniformados decidió instar la acción penal mientras que el resto manifestó su desinterés en realizar la denuncia e impulsar una investigación.

El fiscal Guillermo Lista requirió la habilitación de la etapa de investigación preparatoria con un plazo de cuatro meses para concretarla. La petición fue aceptada por el juez de Garantías Juan Martín Arroyo, ante la falta de oposición de parte de la defensora oficial adjunta Yamile Saidt.

Previo a la formulación de cargos, la defensora había planteado como cuestión preliminar la caducidad de la instancia por el vencimiento de plazos, señalando que el hecho ocurrió en noviembre y la fiscalía dispone desde ese momento de seis meses para formular acusación, realizando el pedido de audiencia recién el 21 de junio de este año, más de seis meses después. El fiscal Lista contestó rechazando la petición defensiva y remarcando que recién en abril llegó el legajo a sus manos.

Sobre la controversia, el juez Arroyo señaló que el plazo establecido por el Código Procesal Penal es ordenatorio y no tiene una consecuencia fatal como pretendió la defensa, rechazando el planteo y habilitando a la formulación de cargos que luego se concretó.