No más desapariciones forzadas de personas

Se observa al 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En la Argentina entendemos bastante del tema y no necesitamos mayores justificaciones, pero la ONU advierte que la aberrante metodología se usa con demasiada frecuencia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afectan a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

La problemática es mundial, ya que no atañe solamente a una región determinada del planeta. Tres décadas atrás, fueron sobre todo el producto de las dictaduras militares, pero en nuestros días se perpetran en situaciones de conflicto interno, especialmente como método de represión política hacia los oponentes. Acciones de esa índole tienen lugar de manera contemporánea en varios rincones del globo y no siempre sus perpetradores son dictadorzuelos africanos.

Para la ONU son motivo de especial preocupación “el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada”, también “el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones” y por último, pero nunca menos importante, “la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada”.

La determinación de poner de relieve el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se adoptó a fines de 2010, cuando la Asamblea General expresó preocupación por el aumento que se registraba en diversas regiones del mundo, como consecuencia de arrestos, detenciones y secuestros. También se dejó sensibilizar por el creciente número de denuncias que hacían referencia a actos de hostigamiento, maltrato e intimidación, que tenían como víctimas a testigos de desapariciones o familiares de personas desaparecidas.

Según una declaración que data de 1992, se producen desapariciones forzadas siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

Las víctimas son las personas que sufren la desaparición propiamente dicha, que la mayoría de las veces reciben torturas y en forma permanente, temen por su vida. Pero también son víctimas los miembros de su familia, que ignoran la suerte que corrieron o corren sus seres queridos. Sus emociones oscilan entre la desesperanza y la desesperación. En muchas ocasiones, cavilan y aguardan durante años noticias que quizá, no lleguen nunca. Por otro lado, las víctimas propiamente dichas saben que las familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de recibir ayuda. Al quedar separadas del ámbito protector de la ley y al haber “desaparecido” de la sociedad, se encuentran de hecho privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Sostiene la ONU que incluso si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano, termina la pesadilla, las víctimas pueden sufrir durante largos períodos las cicatrices físicas y psicológicas de la deshumanización, la brutalidad y la tortura.

La entidad internacional también pone de relieve que la familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, al ignorar si la víctima vive aún y de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están bajo amenaza, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.

Esa angustia se intensifica con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar. La conmoción emocional resulta pues más aguda por las privaciones materiales, estrechez que se agrava a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda.

Además, no saben cuándo va a regresar, indefinición que dificulta la adaptación a la nueva situación. En algunos casos, la legislación nacional hace imposible recibir pensiones u otras ayudas si no existe un certificado de defunción. El resultado es, frecuentemente, la marginación económica y social… Conceptos que en general están lamentablemente frescos en el país.