Se impone el agro-negocio sobre la agricultura familiar

Blanco predilecto del “ajuste” desde diciembre de 2015, la Subsecretaría de Agricultura Familiar perdió 300 trabajadores y trabajadoras a escala nacional. La ofensiva contra el área es coherente con la suerte que corrió el SENASA, donde se perdieron por su parte otros 400 puestos de trabajo. En el INTA tampoco pudieron permanecer al margen de la concepción ajustadora, que no repara en otras consideraciones que no sea la reducción del déficit.

Para los hombres y mujeres que están en el gobierno, poco importa el carácter estratégico que reviste la producción de alimentos y la tenencia de la tierra en un país como la Argentina, cuya importancia del sector primario en la composición general del PBI es determinante. Claro, está instalado en el Ministerio de Agroindustria un ex directivo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), origen que permite entender el porqué de varias decisiones.

Se estiman en 250 mil las unidades productivas en el ámbito de la agricultura, con una población rural campesina que se reduce al 5 por ciento del total. Es muy poco: si se compara esa proporción con otros países de Latinoamérica, como Brasil, Ecuador y Bolivia, el nuestro aparece rezagado... En el despoblamiento rural y la baja presencia de productores familiares inciden razones históricas de muy larga data, pero que la Argentina abrazara el modelo de la agroindustria, con el predominio de cultivos de soja genéticamente modificada, no hizo más que profundizar el vacío.

Durante el siglo XIX se dieron dos procesos que alimentaron el desequilibrio estructural. En primera instancia, se registró un acaparamiento de tierras para capitalizar la expansión del ganado lanar. En segunda, en las últimas décadas se impulsó el exterminio de los pueblos indígenas que todavía vivían en libertad, suerte que compartieron las montoneras campesinas que justamente, resistieron el modelo que propugnaba la incorporación al mercado internacional como proveedor de las materias primas que demandaba Gran Bretaña.

Las tierras que se incorporaron después de la Campaña al Desierto, quedaron en manos de militares y hacendados, que mucho se preocuparon por mantener alejada del horizonte cualquier posibilidad de reforma agraria. Un siglo después, al término de la última dictadura militar, se sentaron las bases para el avance de los agro-negocios, modalidad que se sintetiza en una frase muy acertada: “agricultura sin agricultores”.

La incorporación de los organismos genéticamente modificados a mediados de los 90 y la metodología de la siembra directa, operaron como un golpe de gracia contra el sector de la agricultura no industrial, ya que desde el Estado no se implementó proyecto alguno de complementariedad y menos aún de convivencia, entre las explotaciones de la agroindustria y el modelo de la agricultura familiar.

Además, en el largo plazo se impuso un desconocimiento sobre la situación de dominio y catastral de las tierras, producto de un acción deliberada y consciente a raíz de la connivencia entre los sucesivos sectores políticos y el poder económico. Esa “oscuridad” es uno de los factores que permitió la concentración de las tierras en muy pocas manos. Recién en 2011, bajo el mandato de la senadora cuyas propiedades fueron allanadas, se sancionó la Ley 26.737 que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Quiere decir que la Argentina demoró nada menos que 200 años en realizar un relevamiento sobre la propiedad de la tierra, que al menos en los discursos, buscó poner un freno a las especulaciones financieras internacionales sobre campos argentinos. No obstante, la política del gobierno anterior fue sumamente contradictoria, porque mientras impulsaba el Programa Estratégico Agroalimentario (PEA), que implicó más agroindustria, más organismos genéticamente modificados y más concentración de la tierra, en sus mismas filas se pensaba que “una patria justa, libre y soberana” solo se podía construir si se avanzaba en forma decidida hacia la soberanía alimentaria local y regional.

La lección debió aprenderse: la agricultura familiar no puede convivir con el esquema de los agro-negocios. La experiencia desde 1996 -fecha en que se autorizó la soja transgénica- indica que desde entonces se multiplicaron los desalojos, las migraciones forzadas, las fumigaciones indiscriminadas e inclusive, las muertes de campesinos. No será posible avanzar hacia la soberanía alimentaria si desde el Estado, en conjunto con las organizaciones de campesinos e indígenas, no se desarrolla una política agresiva hacia la recuperación del territorio rural y de las fuentes de agua.

En la etapa actual, quienes tienen el poder de decidir en nombre de la Argentina saben perfectamente de qué se trata, de ahí su sostenida ofensiva contra los organismos estatales que entienden en la materia, contra las organizaciones indígenas y los pequeños productores campesinos. Saben de manera sobrada que la agricultura familiar es incompatible con la agroindustria.