2018-08-20

Cuando las mujeres irrumpieron en la historia…

El 21 de agosto de 1946 comenzó a transitarse el tramo final de una lucha que vista desde hoy, parecería insólita. Había arrancado a fines del siglo XIX e inclusive, conoció de vetos por parte del Poder Ejecutivo. Fue el caso del proyecto que había impulsado el radical Rogelio Araya en 1919. Ensayos provinciales tampoco había prosperado como la Constitución de San Juan de 1927, que preveía el voto femenino. Hubo que esperar casi 20 años más…

Recién al año siguiente el gobierno promulgaría la ley que habilitaría los derechos políticos a la mujer, en particular el 23 de septiembre de 1947. Desde entonces, la Ley 13.010 estableció el voto femenino, que en la actualidad se admite en buena parte del planeta, salvo en Arabia Saudita, donde rige una monarquía cuyo desempeño en materia de derechos humanos no es el más brillante, aunque en Washington nunca se preocuparon demasiado.

La norma se pondría en funcionamiento en 1951. El 11 de noviembre de ese año, las mujeres concurrieron por primera vez a las urnas, luego de conformarse un padrón electoral con algo menos de cuatro millones. Todavía en la actualidad, hay sectores que consideran que el funcionamiento de las instituciones argentinas fue ejemplar hasta 1943, a pesar de que entre el fraude y la marginación de las mujeres, la democracia resultó solo una entelequia.
Hasta la Ley 13.010, los asuntos políticos fueron prerrogativa de los varones, a pesar de que en ocasiones, las mujeres eran mayoría numéricamente hablando. No hizo falta la grandilocuencia para hacer historia. Apenas siete artículos cambiaron para siempre la faz de la política argentina, ya que como consecuencia de su aplicación permitieron la participación de más de la mitad de la población.

El primer artículo es contundente: “las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”. El reclamo de las sufragistas tenía larga data y en términos estrictos, se remontaba a principios de siglo. En efecto, en 1906, Alicia Moreau de Justo había fundado el movimiento feminista cuando solo contaba con 21 años.

Al llevarse a cabo en Buenos Aires el Congreso Internacional del Libre Pensamiento, la republicana española Belén de Sárraga le sugirió que las argentinas deberían organizar un movimiento en favor de los derechos políticos de la mujer. Entonces, Alicia propuso la idea en una de las reuniones y junto a otras mujeres, como Sara Justo, fundaron el Centro Feminista de Argentina y el Comité Pro-Sufragio Femenino.

A pesar de los antecedentes socialistas de la demanda, le tocó a un gobierno que pasó a la historia como autoritario permitir el ingreso a la vida política de las argentinas. El tercer artículo de la norma sostiene que “para la mujer regirá la misma ley electoral que para el hombre, debiéndosele como un documento de identidad indispensable para todos los actos civiles y electorales”.

Era evidente que en aquella coyuntura, las mujeres apoyarían con su voto el gobierno que las favorecía. “El Poder Ejecutivo, dentro de los 18 meses de la promulgación de la presente ley, procederá a empadronar, confeccionar e imprimir el padrón electoral femenino de la Nación, en la misma forma en que se ha hecho el padrón de varones. El Poder Ejecutivo podrá ampliar ese plazo en seis meses”.

La verdad es que las mujeres en la Argentina ocuparon un lugar de marginación política hasta que el peronismo llegó al gobierno. En esa oportunidad, no solo obtuvieron el derecho a votar, además cobraron protagonismo porque por su número y organizaciones, se convirtieron en actoras del quehacer político. De hecho, conformaron el Partido Peronista Femenino y durante mucho tiempo, funcionó la Rama Femenina del PJ.

Fue central en la consecución del objetivo el accionar de María Eva Duarte de Perón. El proceso se aceleró a su regreso de Europa, viaje que según muchos de los estudiosos, marcó un antes y un después en sus motivaciones, estilo y convicciones políticas. Pero ya desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el todavía coronel Perón había encarado una política con destino en las mujeres. En ese ámbito, creó la División de Trabajo y Asistencia a la Mujer.

El 26 de julio de 1945, en un acto que se celebró en el Congreso, Perón explicitó su apoyo a la iniciativa y en consecuencia, se formó la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó un petitorio al gobierno. En el texto, se le pedía al Poder Ejecutivo que pusiera en práctica las Actas de Chapultepec, por las cuales los países firmantes que aún no habían otorgado el voto a la mujer, se comprometían a subsanar esa omisión. La suerte estaba echada.

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