Concentración en repudio al decreto que “flexibiliza” el rol de las Fuerzas Armadas respecto a la seguridad interior

En concordancia con lo sucedido en numerosas ciudades de todo el país, se realizó en la tarde de este jueves una concentración en el Centro Cívico para rechazar el decreto firmado por Mauricio Macri que modifica la Ley de Seguridad Interior, dándole facultades de participación a las Fuerzas Armadas. También, igual que sucedió a lo largo y a lo ancho de la Argentina, los manifestantes firmaron un petitorio donde se reclama el juicio político al presidente de la Nación.

La cita era a las 17 horas y poco a poco, representantes de partidos políticos, de diferentes sindicatos, de la APDH y familias sin afiliación política, fueron arribando el Centro Cívico para expresarse. Lo hicieron portando banderas, pancartas y entonando cánticos contra el gobierno nacional y el presidente Mauricio Macri en particular.

Hubo algunos discursos de corta duración fustigando la decisión del Primer Mandatario de ampliar las facultades de intervención de las tres Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aeronáutica) en cuestiones de seguridad. Sin lugar a dudas, durante todo el acto estuvo presente lo vivido durante los años transcurridos entre 1976 y 1983, años difíciles por la brutal represión de los militares de entonces, y el terrorismo de estado.

También, se puso a disposición de los presentes formularios para ser llenados con sus datos personales y la firma, a fin de pedir al Congreso el juicio político al presidente Mauricio Macri, por haber tomado esta decisión mediante un decreto y no haberlo sometido a consideración de diputados y senadores, entre otras razones. Poco después de las 18.30, la desconcentración se fue llevando a cabo en orden.

Firme posición de los defensores del Pueblo

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) -de la que forma parte la defensora del Pueblo de la ciudad de San Carlos de Bariloche, doctora Beatriz Oñate-, que defienden la plena vigencia de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional, y el respeto por las instituciones, manifiestan su profunda preocupación en relación al decreto del Poder Ejecutivo Nacional 683/2018, ello en virtud de que:

Conforme se desprende de la Ley de Defensa Nacional, la función de las Fuerzas Armadas reside en la defensa de la Nación ante el ataque exterior, guerra o conflicto armado internacional, teniendo por finalidad garantizar la soberanía e independencia de la República.

Por su parte la Ley 24.059 entiende que la Seguridad Interior, debe propender a que el Estado Nacional garantice la plena vigencia de los derechos a la vida, a la libertad, y al patrimonio de los ciudadanos. A tal efecto, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de los Estados Provinciales adherentes a la mentada norma, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, serán los órganos que propenderán a tales fines. Así pues, en este marco, desarrollarán los medios necesarios para el control y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos.

Consecuentemente, en virtud de los principios emanados de nuestra Constitución Nacional, los principios republicanos de gobierno, y nuestra historia reciente, resulta inadmisible que una modificación de los mencionados principios y competencias se determine por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, toda vez, que por la materia resulta ser competencia exclusiva del Congreso de la Nación.