Investigar, aunque el Estado sea el terrorista

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en 2002 la Convención Interamericana contra el Terrorismo. El trámite fue muy acelerado, prácticamente no se discutió y tampoco se escucharon las objeciones y propuestas que elevaron algunas ONG, que intentaron la búsqueda de un debate abierto. De las 34 delegaciones que estaban presentes, 17 soslayaron las reservas que inicialmente habían planteado ante la presión de Estados Unidos.

Pocos vocablos tan utilizados como poco definidos en la actualidad: terrorismo... Una primera aproximación podría circunscribirlo a las actividades que se destinan a provocar miedo, pánico o terror con la finalidad de obtener un resultado. En el caso del terrorismo de Estado, ese objetivo es, generalmente, la paralización o destrucción de la oposición política o ideológica, esté armada o no.

Por otro lado, el terrorismo que ponen en práctica grupos, generalmente se propone obtener una reivindicación particular o un cambio en la política de un Estado.

La variante que mencionábamos en el párrafo anterior, el terrorismo de poder o de Estado, existe desde tiempos inmemoriales. Fue utilizado precisamente como instrumento de ese poder, ya sea temporal o espiritual, para conservar su dominación y mantener el orden.

Textos como el Antiguo Testamento o el Corán instan a la adhesión de los fieles por medio del terror. “Yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma” (Levítico, 26,16). Esas amenazas cobraron formas muy precisas y se concretaron tanto a través de la Inquisición como por medio de las cimitarras musulmanas.

Fue la Revolución Francesa la que institucionalizó el Terror aunque, en tiempos contemporáneos, el ejemplo más vasto y abrumador le cupo a la Alemania nacionalsocialista. Y, sin ir más lejos, Latinoamérica padeció decenios de terrorismo del poder (o de Estado) con su secuela de centenares de miles de asesinatos, con desaparecidos y torturados. En los últimos años, el terrorismo de Estado alcanzó rango internacional ya que está claramente incorporado a la doctrina militar estadounidense.

Está a la vista que, para el Pentágono, no representa un problema de conciencia paralizar la retaguardia del país que ataca a través de bombardeos masivos e indiscriminados contra la población y los objetivos civiles. Así funcionó en Vietnam, Panamá, las intervenciones en el Golfo, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia o Siria. Hay que decir que su “doctrina” no tiene nada de nueva. El bombardeo terrorista de la población civil fue utilizado por Italia en Etiopía, entre 1935 y 1936…

Por el contrario, el terrorismo que preocupa a las potencias occidentales es como fenómeno, mucho más reciente. Al no disponer ni de los medios ni de los tiempos con que sí cuentan los Estados, es artesanal y busca resultados inmediatos. No repara en medios ni en sacrificios. Sus ejecutores suelen caracterizarse por conductas mesiánicas e irracionales pero, además, está probado el vínculo entre sus promotores y determinadas agencias de Inteligencia.

Decíamos que, hasta el momento, no existe una definición suficientemente generalizada que circunscriba al terrorismo. Esa ausencia permitió a muchos Estados, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, establecer normas y actuar en la práctica a través de la incriminación y la persecución de la protesta social, política y de los movimientos de liberación, como si fueran actividades terroristas.

Incluso el argumento del terrorismo se utiliza en la guerra económica que libra la súper potencia contra algunos Estados. Washington tildó, hasta no hace mucho, a Cuba de terrorista. Hasta que la Casa Blanca viró de política,

Irán fue el campeón terrorista del planeta. Como contrapartida, en Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos llama la atención sobre la necesidad de no llevar a cabo la lucha contra el terrorismo a expensas de los derechos humanos.

La Convención contra Terrorismo omite al terrorismo de Estado. Es una grave falencia porque, en definitiva, las normas internacionales no sólo establecen reglas para las personas sino, sobre todo y especialmente, para los Estados. Pero claro, quién iría a ponerle el cascabel a Estados Unidos, desde donde se decide la violación sistemática y diaria de los derechos humanos de una porción considerable de la humanidad.

La problemática goza de actualidad al permanecer impune en la Argentina la masacre de la AMIA. De manera infructuosa hasta hoy, las investigaciones tratan de establecer las maniobras de encubrimiento que se perpetraron desde diversas instancias del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como desde el Poder Judicial. Aunque hoy apenas si aparece el adjetivo “terrorista” en las crónicas, algunos suponen que, como sociedad, se agotan las oportunidades de saber quiénes fueron los perpetradores del ataque. Hay que establecer la responsabilidad de quienes, desde entonces, tenían el poder de decidir en nombre del Estado, por incómodo que resulte.