Habrá ocho meses más para investigar el crimen de Micaela Bravo

El juez de Garantías Ricardo Calcagno concedió una ampliación de ocho meses sobre el plazo de investigación preliminar tal como solicitó la fiscal Betiana Cendón, con el consentimiento de la defensa y la querella, en el marco de la investigación por el crimen de Micaela Bravo. Además, el magistrado autorizó la realización de peritajes que podrían determinar el daño total de las muestras sometidas a estudios, por lo que una vez cumplimentadas las mismas, podría agotarse la posibilidad de nuevos ensayos o contrapruebas.

Tras una imprevista suspensión de la audiencia dispuesta para el miércoles, la Oficina de Gestión Judicial de Bariloche reprogramó rápidamente la audiencia que había requerido la fiscal Betiana Cendón y la misma se desarrolló este jueves por la tarde. Allí, tras la coincidencia de las partes respecto a la complejidad de la causa y la necesidad de obtener una prórroga para la investigación preliminar, el juez de Garantías Ricardo Calcagno otorgó un plazo de ocho meses. Lo resuelto es de significativa importancia pues, luego de que la mujer investigada sea notificada de las sospechas en su contra, el primero de agosto se agotaban los plazos -considerando además que este viernes comienza el receso invernal de la Justicia- y sin extensión de los mismos el caso hubiera quedado definitivamente cerrado.

La fiscal Cendón fundamentó el pedido de prórroga remarcando justamente esos datos. El 1º de febrero de este año notificó a Angélica Roxana Paine su carácter de sospechosa de cometer el homicidio de Micaela Bravo, “como resultado del análisis de diversos indicios que obraban hasta ese momento en el legajo".

Según advirtió la fiscalía, a partir de la notificación se produjeron varias diligencias en el marco de la averiguación preliminar, cuyo plazo establecido por el nuevo Código Procesal Penal es de seis meses. En su alocución, Cendón remarcó que durante este tiempo ha logrado “reunir nuevos elementos en diverso material probatorio con nueva tecnología que adquirió la Procuración General de la provincia” y en ese sentido remarcó que resulta fundamental el cotejo de esos elementos con otros que se encuentran reunidos en el legajo del Ministerio Público.

Describió que en esa línea se ha trabajado durante semanas con el objeto de obtener presupuestos en diversos laboratorios del país para poder realizar los exámenes científicos correspondientes, aunque advirtió que en algunos casos, como consecuencia de las mismas pericias, las muestras cotejadas podrían resultar destruidas y quedar inutilizadas para futuras contrapruebas. De esa manera la fiscal argumentó su pedido de autorización para que aún con ese riesgo, las pruebas sean desarrolladas.

Los abogados querellantes Luis Terán Frías y Ezequiel Palavecino, en representación de la madre de la víctima y de su expareja, Patricio Vargas, adhirieron a la solicitud de la fiscalía, al tiempo que el defensor oficial de la sospechosa, Marcos Cicciarello, consintió el pedido subrayando la complejidad de la causa y el marco normativo que así lo habilita. De la misma manera se expresó respecto a las pruebas que podrían ser fatales para las muestras colectadas en la investigación.

Ante la falta de controversia entre las partes, el juez de Garantías interviniente no tuvo más que avalar lo requerido por la fiscalía, concediendo los ocho meses de prórroga requeridos. Respecto a la realización de peritajes destacó en su resolución que deberían agotarse las posibilidades para que las muestras reunidas en el legajo no resulten inservibles tras las mismas, para mantener un resguardo en caso de ser necesaria su utilización en una segunda confrontación, aunque de no resultar ello posible, prestó su autorización para que los cotejos se realicen con la notificación correspondiente a la defensa.

El caso

Inicialmente las sospechas se dirigieron a la figura de su expareja, Patricio Vargas, quien mantuvo un fuerte cruce con el entonces fiscal del caso Eduardo Fernández. Sin embargo, nunca pudieron encontrar elementos reveladores en su contra. La causa cayó en un punto muerto, hasta que, el surgimiento de nuevos testimonios abrieron una luz en el camino y desde entonces la fiscalía trabaja incansablemente para obtener una prueba científica objetiva que culmine por atar todos los cabos sueltos y uniendo una larga serie de indicios, imputar a una mujer como la autora del crimen.

Para ello, tiempo atrás se desplegó un allanamiento de carácter científico en el domicilio de la sospechosa, con el objeto de obtener elementos que puedan ser cotejados con otras 49 muestras recogidas del cadáver. Porciones de tierra, madera, plásticos, pelos y algunos rastros que inicialmente se especula podrían ser de sangre, son analizados por distintos laboratorios del país.

Según informaron fuentes ligadas al caso, ese procedimiento se basó únicamente en la búsqueda de elementos compatibles con los levantados en el cuerpo, realizándose hisopados, búsqueda de pelos de animales y se puso especial atención en un pequeño carro que las autoridades sospechan pudo haber sido utilizado para trasladar el cadáver hasta las cercanías del lugar en el que fue arrojado.

Las lesiones sufridas por Micaela Bravo antes de su muerte y en forma posterior, como así también los rastros que se hallaron hasta ahora, abonan la hipótesis fiscal en cuanto a la mecánica de la agresión, la actitud defensiva que adoptó la joven antes de morir y la forma en que su cuerpo fue trasladado y arrastrado hasta el sitio en que se halló. Todo ello confluye en la hipótesis de que el autor del hecho no pudo haber sido un hombre, descartando de ese modo un posible encuadramiento de femicidio.

Micaela Bravo tenía 28 años y era madre de tres hijos que había tenido con su exmarido, Patricio Vargas, de quien se había separado poco tiempo antes para iniciar un nuevo amorío con Juan Carlos Colipi, un joven que asistía a la misma iglesia e hijo de la principal sospechosa.