Condenado a prisión en suspenso y a realizar tratamiento obligatorio contra alcoholismo

La víctima lloró, pidió que no vaya preso y que la ayuden, al tiempo que reclamó al acusado, su pareja, que también ponga un poco de su parte.

El acusado también lloró, dijo no recordar lo ocurrido, pero declaró que se haría cargo del error que cometió. El sujeto fue condenado, aunque no irá a prisión, por amenazas y lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y lo mandaron a hacer un tratamiento contra su adicción al alcohol. Luego, junto a la pareja -con once años de relación y cuatro hijos-, salieron juntos y regresaron a su hogar.

Fue condenado a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso y deberá someterse a un tratamiento para rehabilitarse de sus adicciones por el término de dos años. Pero tras la audiencia, regresó a su hogar junto a la mujer que lo denunció y con quien mantiene una relación de once años de pareja.

Le atribuyeron un hecho ocurrido el 21 de diciembre de 2016, cuando agredió a la mujer física y verbalmente, amenazándola de muerte. Según la misma víctima explicó este martes durante su exposición como testigo en el juicio, le aplicó patadas, golpes de puño y empujones.

Para la fiscalía, el caso encuadró en un claro ejemplo de la violencia de género: física, psicológica y económica y pese a que la víctima manifestó su voluntad de no continuar con el caso, el fiscal Tomás Soto apuntó que la mujer no decidía libremente porque dependía del sujeto para subsistir. “El es controlador, le revisa el teléfono. Ella está sola, no tiene familia ni amigas en la ciudad”, explicó y reveló que además debía considerarse una situación de aislamiento, angustia, temor, frustración y sumisión.

La mujer se mostró reticente a presentarse durante el juicio y debieron ir a buscarla porque no respondía los llamados ni atendía en su vivienda. Cuando finalmente se sentó a declarar, inició diciendo que habían vuelto a convivir y que el hombre había prometido que dejaría de tomar.

Contó que tras la agresión entró en un estado de shock, le costaba respirar y no podía parar de llorar. Tras ser asistida en el Hospital Zonal, radicó la denuncia y estuvo 22 días alojada en un hogar refugio para mujeres.

“Yo me encargo de los chicos y él nos mantiene”, graficó y rompió en llanto: “yo no quiero así, no quiero más así, pero nosotros dependemos de él. En vez de llevarlo preso que lo lleven a rehabilitación. Sufrimos mucho, a mí me duele verlo así, no soporto verlo así. Si de verdad nos quiere a nosotros tiene que poder. El tampoco es un asesino o ladrón, tienen que haber un profesional que le pueda entrar, no lo quiero ver tirado”.

Más tranquila, pidió “lleguemos a un acuerdo, porque no podemos vivir más así, con miedo”. “Yo no trabajo porque me sale lo mismo pagarle a alguien que cuide los nenes, el me dijo ‘cuida a los chicos y yo laburo y no nos hace faltar nada’”, concluyó.

Previo a su testimonio habían declarado varios profesionales que asistieron a la víctima y también algunos que entrevistaron al acusado. Todos confirmaron que se observaba un claro cuadro de violencia de género, con situación extrema de riesgo y posibles adicciones en el acusado, quien al hacer uso de la última palabra del juicio también lloró: “Yo pedí ayuda y sigo buscando, pero la cagada me la mandé y me hago cargo de lo que hice”, dijo entre lágrimas.

Su defensor oficial, Marcos Cicciarello, había pedido la absolución por inimputabilidad, al sostener que al momento del hecho su asistido estaba bajo una profunda intoxicación alcohólica.

El juez Miguel Gaimaro Pozzi dictó inmediatamente la sentencia en forma oral y arrancó su alocución señalando que el objetivo final es la resolución del conflicto. Como las partes no pudieron resolverlo por sus propios medios, entró en acción el Estado, debiendo intervenir para lograr la solución definitiva.

“La señora nos confirmó que el hecho ocurrió y todos los testimonios recogidos de los profesionales que intervinieron nos lo confirman”, sin encontrar elementos que logren justificar el accionar del acusado. Resaltó también que la mujer no tiene adonde ir y señaló que existe en el caso una “captura económica”, acentuado por un estado de aislamiento.

Evaluó a favor del acusado la falta de antecedentes, su edad y nivel de educación y en contra, la asimetría para con la víctima, los motivos que lo llevaron a delinquir y la extensión de los daños causados, para considerar válido el planteo de la fiscalía.

En consecuencia, le impuso una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, más la realización de un tratamiento médico obligatorio en el Hospital Zonal de la ciudad, por el término de dos años contra sus adicciones.

Tras la audiencia, víctima y victimario se fueron caminando juntos del palacio de tribunales, en compañía de uno de sus hijos.