Estaba hospitalizado y su hijo se instaló en su casa: la Justicia ordenó que se retire y le dictó una prohibición de acercamiento

Un hombre mayor se encontraba internado y próximo a recibir el alta con internación domiciliaria cuando su hija recurrió a la Justicia por una situación de violencia familiar. Según denunció, mientras su padre permanecía hospitalizado, otro de sus hijos se había instalado en la vivienda y luego se negó a que acondicionaran la vivienda según la indicación médica.

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La mujer explicó que, antes de la internación, convivían en la casa su padre y su hermano y que ya se había producido una situación de violencia que había motivado una denuncia. Durante la hospitalización, el hijo permaneció en la vivienda.

Ante la posibilidad de que el hombre regresara a su domicilio con asistencia de internación domiciliaria, su hija intentó preparar la casa para recibirlo. Según relató ante la Justicia, su hermano había dejado el inmueble en malas condiciones y entregó las llaves "en un acto de extrema hostilidad e intromisión ilegítima”, y además “impidiendo que se realicen las refacciones mínimas de habitabilidad que exige el equipo médico(sic)".

Sin embargo, posteriormente el hombre habría roto las cadenas colocadas en la puerta e ingresado nuevamente a la vivienda.

La situación llevó a la hija a pedir medidas de protección para ella y para su padre. Planteó que existía un riesgo para la salud y la vida del hombre, que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por su estado de salud y su edad.

La mujer también denunció que, mientras su padre estaba internado, su hermano habría ingresado a la cuenta bancaria del hombre y utilizado dinero que le pertenecía.

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La jueza de Familia hizo lugar al pedido y dispuso una prohibición de acercamiento del denunciado respecto de su padre y de su hermana. También le prohibió acercarse al domicilio y permanecer o ingresar en él, además de mantener contacto por cualquier medio.

La medida establece un radio de 200 metros respecto de las personas protegidas y de sus lugares de trabajo, estudio o esparcimiento. En caso de incumplimiento, el juzgado podrá disponer su exclusión con auxilio de la fuerza pública y aplicar las sanciones previstas por la legislación provincial sobre violencia familiar. Las medidas fueron dictadas de manera provisoria y tienen vigencia hasta febrero de 2027.

En la resolución, la jueza destacó la necesidad de una respuesta rápida cuando se encuentra en riesgo la salud o la vida de una persona mayor en el marco de la ley 24.417 en materia Protección Contra la Violencia Familiar, de la ley provincial 3040 en materia de violencia familiar y del Código Procesal de Familia que en su título quinto se aborda en forma específica el proceso de violencia familiar y de género.

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También tuvo en cuenta el marco de protección establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que contempla distintas formas de violencia, entre ellas el abuso financiero y patrimonial.

Además, ordenó la intervención del Área de Adultos Mayores para que realice un seguimiento de la situación y dispuso la intervención de organismos policiales especializados.