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INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

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01/06/2026

Descubren que el Banco Nación otorgó más de 1.100 créditos hipotecarios a funcionarios de Milei

El dato cobra relevancia luego de la polémica desatada por el acceso de funcionarios de primera línea a préstamos millonarios, y permite mensurar la magnitud real de esta operatoria por primera vez.

El Banco Nación ha vuelto a ser el foco de atención tras revelarse que concedió más de 1.100 créditos hipotecarios a personas expuestas políticamente (PEP) durante la administración de Javier Milei, que abarcó desde enero de 2024 hasta marzo de 2026. Los hallazgos, surgidos de una minuciosa investigación periodística sustentada en un acceso a la información pública, muestran una cifra exacta de 1.120 créditos a funcionarios de diversas áreas.

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El marco de esta revelación es un clima polémico, catalizado por la creciente transparencia en entornos donde los funcionarios de alto nivel han accedido a préstamos cuantiosos, reavivando cuestionamientos sobre preferencias o irregularidades en la adjudicación de dichos créditos. Dados los resultados del estudio, la relación entre funcionarios y privilegios financieros se torna más evidente, permitiendo medir la magnitud de estas situaciones con una cuantificación más precisa que nunca.

Estos hallazgos identifican un fenómeno donde uno de cada 23 créditos hipotecarios del Banco Nación, que totalizaron 25.391 en el periodo analizado, estuvo destinado a miembros del régimen de control reforzado de la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta cifra recibe una mayor perspectiva al considerar que ciertos cargos, como subsecretarios y directivos de empresas estatales, no califican técnicamente como PEP bajo dicha normativa, sugiriendo un número potencialmente más elevado de beneficiarios políticos.

La chispa de esta situación había sido previamente encendida por "¿Cuánto Deben?", un innovador portal de datos que hizo aflorar informaciones sobre préstamos correlativos obtenidos por funcionarios de alta jerarquía, incluyendo notorias figuras como Pedro Juan Inchauspe y Leandro Massaccesi, cuyas deudas al Banco Nación superaban millones de pesos.

A medida que la controversia sobre la transparencia y equidad de estos préstamos se intensificaba, el entorno político se preparaba para examinar un cambio reglamentario significativo en Banco Nación. Bajo la supervisión de Milei, en 2024 se modificó estratégicamente la normativa hipotecaria "+Hogares". Esta actualización, plasmada en la Resolución 802, amplió explícitamente los potenciales beneficiarios, incluyendo a individuos en cargos políticos tanto por designación como por elección.

Esta claridad reglamentaria, posiblemente insuficiente tal como argumentaron críticos y opositores del gobierno, llevó a la diputada nacional Mónica Frade a presentar una denuncia en el ámbito judicial, dejando en manos de la judicatura determinar la existencia de prácticas de favoritismo en el otorgamiento de estos fondos públicamente comprometidos.

Con la causa actualmente en proceso judicial bajo la mirada de la jueza María Eugenia Capuchetti, el tema del acceso a créditos estatales por parte de funcionarios seguirá en el candelero mediático y legislativo, mientras el país trata de encontrar un equilibrio en las políticas de financiamiento y control económico donde el interés popular debe primar sobre los beneficios individuales/susceptibles de favoritismos relativos.