Comenzó el juicio contra la exintendenta María Eugenia Martini por la causa Techo Digno

Hoy comenzó en la ciudad de San Carlos de Bariloche el debate oral y público contra la exintendenta María Eugenia Martini, acusada por el presunto manejo irregular de fondos en el marco de la ejecución del programa federal de construcción de viviendas e infraestructura denominado Techo Digno.

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Junto al inspector de Obra Municipal Alfredo Milano, está acusada por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y peculado. La instancia contará con varias jornadas de debate, cuya finalización está prevista para el día 20.

En su alegato de apertura, que precedió a la lectura integral de los hechos redactados en más de 50 carillas, el fiscal jefe interviniente explicó la acusación que sostienen contra ambos funcionarios.

Recordó que, en el marco del programa Techo Digno y en su calidad de intendenta, la acusada firmó dos acuerdos que la obligaban a cumplir determinadas pautas, entre ellas la presentación de certificados mensuales de avance de obra que dieran cuenta “de forma fehaciente, puntual y real” del estado de las mismas.

Dijo además que las nueve licitaciones realizadas para la ejecución de los trabajos se distribuyeron entre dos empresas constructoras y que, en ese marco, los acusados certificaron “de más, de mucho más” que lo efectivamente construido, produciendo un gran impacto económico en perjuicio de la Municipalidad de Bariloche.

Explicó que, a su entender, “esta diferencia no se debió a errores de cálculo ni a la situación económica del país con sus altísimos índices inflacionarios”. Sostuvo, en cambio, que lo investigado constituye un “programa delictivo que favoreció a empresas” que cobraron por obras que no fueron realizadas.

En ese sentido, se refirió a la situación de los dos empresarios involucrados. Recordó que uno de ellos fue declarado inimputable por problemas de salud, mientras que el otro “sopesó e internalizó el perjuicio” y repuso en favor del municipio de Bariloche el dinero con el que lo había perjudicado, a través de la construcción de un SUM en el barrio 400 Viviendas, inaugurado en septiembre de 2025.

En relación con la acusación, sostuvo que el Estado nacional firmó acuerdos internacionales que lo obligan a perseguir presuntos hechos de corrupción y que esa responsabilidad recae sobre el Ministerio Público Fiscal.

Reiteró además la decisión de perseguir, junto con la administración fraudulenta, el delito de peculado. Señaló que los fondos del programa debían permanecer en una cuenta específica —“aquella finalizada en 4730 del Banco Nación”— y no ser utilizados con otros fines. En ese sentido, afirmó que "el dinero correspondiente a uno de los acuerdos firmados fue retirado efectivamente de las cuentas del municipio".

Luego de esta primera explicación, el fiscal jefe comenzó con la lectura integral de los hechos, tarea que se extendió durante la totalidad de la mañana, En ella se detallaron los Acuerdos firmados -ACU-, cada uno de los certificados y facturas, los avances de obra, licitaciones, convenios y montos que sostienen la acusación.

La defensa del inspector de obra sostuvo que la acusación fiscal se basa en una reconstrucción confusa sobre las mediciones y certificaciones de las obras. Explicó que no adelantará su estrategia en esta etapa, pero afirmó que la prueba que se produzca durante el juicio demostrará que su asistido no tuvo responsabilidad y deberá ser absuelto.

A su turno, el abogado defensor de la ex intendenta sostuvo que durante el juicio se demostrará que su asistida actuó conforme a la normativa vigente y que no existe ningún elemento que justifique un reproche penal en su contra.

Al finalizar los alegatos, la propia María Eugenia Martini tomó la palabra y reiteró su estado de inocencia. “Celebro esta instancia del juicio porque lo esperamos desde hace mucho tiempo. Ha sido un proceso muy largo y tengo la expectativa y el convencimiento de que vamos a demostrar nuestra inocencia”, expresó.

Luego comenzó la ronda de declaraciones de los testigos, con dos funcionarios nacionales, propuestos por la fiscalía, que lo hicieron de manera virtual.

Según lo previsto, durante las tres primeras jornadas se escucharán a los testigos convocados por la Fiscalía, entre ellos funcionarios nacionales y municipales, además de peritos técnicos y científicos. Durante el martes y miércoles próximos harán lo propio los testigos de la defensa. Se estima que, al finalizar la semana, se realicen los alegatos de clausura.