Río Negro aumenta subvenciones a bibliotecas populares

Mientras desde la Casa Rosada se embiste contra el sector al ensayar un cambio sustancial en el funcionamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), el gobierno de Río Negro acaba de resolver elevar el monto de la subvención anual que reciben las aproximadamente 70 asociaciones civiles que sostienen otras tantas bibliotecas en toda la geografía provincial. Seis trabajan en Bariloche.

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Maximiliano Almada es director de Bibliotecas Populares de Río Negro y conoce el paño, porque antes de desempeñarse en la gestión pública fue presidente de la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda de Choele Choel, localidad de la que es oriundo. En intercambio con El Cordillerano, en primera instancia contextualizó la situación: “En principio, quiero aclarar que las bibliotecas populares son asociaciones civiles autónomas, es decir, no son ni del gobierno provincial ni del nacional, pero existen vínculos porque tanto en Provincia como en Nación hay organismos que se relacionan directamente con la función que cumplen las bibliotecas populares”.

En ese marco, “la CONABIP es un organismo histórico que, como todos sabemos, con la cuestión de reordenamiento entra en el ajuste que hace el gobierno nacional en el Estado”, recordó el funcionario. “Lo que está sucediendo es que se le está quitando la autonomía que siempre tuvo y podríamos sumar que está perdiendo cierta representatividad federal, porque su junta representativa estaría perdiendo su razón de ser, se estaría disolviendo, así que por ese lado viene la preocupación ante las políticas nacionales”.

La entidad que se fundó durante el gobierno de Domingo Sarmiento en el siglo XIX “va a quedar directamente ligada a la Secretaría de Cultura, dependiendo de su voluntad la continuidad o no de los programas y del apoyo que brinda a las bibliotecas populares”, remarcó Almada. Si prospera el decreto gubernamental que se publicó semanas atrás, la CONABIP correría la misma suerte que el Instituto Nacional del Teatro (INT): perdería autarquía.

Maximiliano Almada.

Ante ese panorama “por supuesto que hay una contraposición de parte del gobierno provincial”, resaltó el director. “En este caso, Río Negro es una provincia modelo respecto a su vínculo con las bibliotecas populares”, informó. Ocurre que “la provincia tiene más de 70 que están ligadas a la Ley 2.278, una ley bastante antigua, pero de 1988”, es decir, surgió al calor del retorno democrático que se había concretado cinco años antes.

Según aportó Almada, “la ley implica que todos los años la provincia pague una subvención a las bibliotecas que presenten su documentación, rendiciones al día y regularizada su personería jurídica”. Si cumplen con esos requisitos “reciben una subvención anual y también sus agentes, es decir los bibliotecarios, son empleados de la provincia, que paga sus sueldos”, recordó.

La noticia consiste que, “en este caso, hay una decisión por parte del gobierno provincial de actualizar y aumentar el monto de la subvención que se divide en categorías. La mayoría son Categoría 1: en 2024 se estaba pagando aproximadamente un millón y medio a cada biblioteca. Este año se van a pagar poco más de 5.250.000 pesos en concepto de subvención”, ejemplificó el funcionario.

Al aporte hay que sumar “a los aproximadamente 130 agentes que hacen de bibliotecarios en estas bibliotecas”, precisó el exdirectivo del Valle Medio. “Eso implica más o menos 1.700 millones de pesos anuales que invierten Provincia en bibliotecarios. Te diría que el mayor presupuesto de la Secretaría de Cultura se destina al pago de los salarios de las bibliotecas populares”, evaluó.

En definitiva, mientras en la jurisdicción nacional se impulsa en los hechos un achicamiento de los recursos que reciben las asociaciones civiles que gestionan bibliotecas, en Río Negro “hay una decisión clara de parte del gobierno provincial de sostenerlas y darles un apoyo. Claramente es una contraposición a las políticas nacionales”, destacó el director provincial de Bibliotecas Populares.

En el orden nacional, en la tarde noche del miércoles se frustró un intento de bloques opositores que, en el Congreso de la Nación, propician el rechazo del Decreto 345. Se trata de la norma que, merced a las facultades delegadas que en su momento consiguió el Poder Ejecutivo, modifica no sólo la ley que dio origen a la CONABIP sino también a la que puso en funcionamiento al INT.

Las dos situaciones afectan directamente al quehacer cultural de Bariloche. La Federación de Bibliotecas Populares de Río Negro, que tiene como vicepresidenta a la barilochense Mariana Giachino, envió en su oportunidad una nota para solicitar que se tratara el espinoso asunto en la sesión que finalmente, se frustró. En esta ciudad están interesadas directamente en la continuidad de la CONABIP las bibliotecas populares Sarmiento, Ruca Quimn, Jorge Luis Borges, Aimé Painé, Francisco Pascasio Moreno y Néstor Kirchner. Lo que equivale a decir, buena parte de la sociedad.