“Las bibliotecas no se cierran, no se entregan, no se rinden”

Desde que el gobierno nacional publicó el Decreto 345 que atenta contra el funcionamiento histórico de la CONABIP, el respaldo al organismo no deja de crecer en el país e inclusive en el exterior. Por ejemplo, fronteras afuera se expresó la División Regional de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones (IFLA LAC) a través de una declaración en la que expresó “solidaridad y preocupación”.

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La entidad dio a conocer respaldo a través de su presidenta, Jeannette Lebrón Ramos: “reconocemos y valoramos el trabajo histórico de la CONABIP como organismo que ha acompañado, fortalecido y articulado el desarrollo de las bibliotecas populares en la Argentina, promoviendo el acceso libre y equitativo a la información, la lectura y la participación ciudadana. Su trayectoria ha sido referencia en la región y ha inspirado políticas bibliotecarias con enfoque comunitario y federal”, destaca al pronunciamiento.

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares debería celebrar en septiembre próximo 155 años de existencia, pero densos nubarrones se ciernen sobre su presente y futuro. A propósito, también hizo conocer su posición la Cámara Argentina del Libro, al calificarlo como “un organismo clave para la promoción y el sostenimiento de más de mil quinientas bibliotecas populares en todo el territorio nacional”.

Añadió la entidad que “su estructura federal y participativa ha garantizado un funcionamiento democrático y cercano a las necesidades locales. Estas bibliotecas ofrecen hoy programas fundamentales para la promoción de la lectura, el desarrollo de actividades culturales y el acceso al libro en las distintas provincias del país. Desde la Cámara Argentina del Libro, destacamos su rol esencial en el desarrollo cultural y consideramos indispensable que mantenga su estructura federal, su autonomía y su presupuesto”, subraya el comunicado.

En forma coincidente dio a conocer su “más enérgico rechazo y profunda preocupación” la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA). “Su estructura federal y participativa, plasmada en figuras como la Junta Representativa y los vocales regionales, ha garantizado un modelo de gestión democrático, con anclaje territorial y cercano a las necesidades reales de las comunidades. Eliminar estos espacios de representación deja a la CONABIP sujeta a la discrecionalidad política, aumentando el riesgo de arbitrariedad en el reconocimiento y acompañamiento a las Bibliotecas Populares”, resaltó.

Marcha atrás

“Desde ABGRA, como organización representativa del sector bibliotecario argentino, exigimos la inmediata marcha atrás con estas medidas y la preservación de la CONABIP como organismo estatal con presupuesto adecuado, representatividad federal y autonomía de gestión”, demandó la entidad. “Las bibliotecas no se cierran, no se entregan, no se rinden. La cultura y la educación se defienden en cada provincia, en cada barrio y en cada biblioteca popular”.

Por su lado, la Red Internacional por las Bibliotecas Populares reunió más de 5.300 firmas de apoyo y adhesión entre artistas, académicos, escritores, bibliotecarios, gestores culturales y músicos de la Argentina, Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Nueva Zelanda, Perú y Uruguay. Entre los/as firmantes figuran Griselda Gambaro, León Gieco, Claudia Piñeiro, Alan Pauls, Santiago Kovadloff, Selva Almada, Dolores Reyes o Ángela Pradelli.

También pusieron su rúbrica Martín Kohan, María Teresa Andruetto, Leila Guerriero, Alejandro Dolina, Guillermo Saccomano, Gabriela Cabezón Cámara, Diana Bellessi, Guillermo Martínez, Laura Devetach, Liliana Heker, Mauricio Kartun, Liliana Herrero, Víctor Heredia, Cristina Banegas, Cecilia Roth, Ricardo Bartís, Maitena Burundarena, Tute, Miguel Rep, Isol, Juan Sasturain, Sergio Olguín y muchos/as más.

Para la Red en cuestión “se corre el riesgo de dejar en manos de las autoridades de la Secretaría de Cultura toda decisión sobre el reconocimiento de nuevas bibliotecas populares o eliminación de bibliotecas populares ya existentes”, se advierte en el documento. “En incumplimiento de la Ley 23.351 [...] el presupuesto para las bibliotecas populares queda sujeto a la discrecionalidad de lo que las autoridades de turno de la Secretaría de Cultura consideren”, resalta la expresión.

“Esta medida ignora, además, que el fondo para las bibliotecas populares fue garantizado por 50 años por todo el arco político en el Congreso de la Nación en 2022″, alerta el llamado que se tituló “Defendamos la CONABIP”. En su parecer, el decreto gubernamental “no moderniza ni mejora la gestión: desmantela una política pública histórica, exitosa y profundamente democrática que garantiza acceso federal a la cultura y desarrollo local”.

En el ámbito provincial, la Federación de Bibliotecas Populares de Río Negro se pronunció rápidamente. “La conversión de su comisión asesora en un consejo ad honorem, junto con otras medidas de centralización y reducción de estructuras participativas, implica un retroceso en la construcción federal y democrática de políticas culturales” aseveró en un comunicado. Preside el espacio la barilochense Mariana Giachino, titular de la Biblioteca Sarmiento que oportunamente, también cuestionó la intención del gobierno en intercambio con El Cordillerano.