En Consenso Patagonia festejan el final de la emergencia territorial indígena, pero piden normas que ordenen el tema

El director ejecutivo de Consensos Patagónicos (la asociación civil tras la “marca” Consenso Patagonia), Juan Trebino, indicó que, en la entidad, ven con buenos ojos la determinación del Gobierno, a partir de un decreto de necesidad y urgencia, de cesar con la emergencia territorial indígena, aunque creen que debería estructurarse una normativa que delinee los puntos en blanco que aún perduran respecto a cuestiones vinculadas al tema.

Lee también: Milei derogó la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena: Bullrich festeja y hay preocupación mapuche

“En primer lugar, entendemos y creemos que una ley de emergencia, que suspende los desalojos, no puede estar vigente in aeternum, sino por una ventana de tiempo determinada, a los fines de garantizar los derechos indígenas, mapear, relevar y posteriormente seguir el transcurso legal de lo amparado constitucionalmente”, sostuvo Trebino, para luego considerar que, en cambio, la norma “se utilizó políticamente y de manera abusiva para violar otros derechos fundamentales, tales como el de la propiedad privada”.

“En ese contexto, estamos de acuerdo con que se termine la emergencia y que queden liberadas las causas judiciales para que los jueces, en el marco del derecho, el entendimiento y la valoración de cada uno de los casos, tomen la resolución que legalmente corresponda”, apreció.

Lee también: El presidente de Parques habló de una “falaz bandera de 'derechos ancestrales'” y celebró el fin de la emergencia territorial indígena

“A nuestro criterio, además, la última prórroga de la 26160 era inconstitucional, porque una ley no puede prorrogarse por un decreto”, añadió, aunque también aclaró: “Igualmente, aunque estamos a favor de esta finalización de la emergencia, vemos con cierta preocupación o cautela las consecuencias territoriales que esto puede ocasionar, en virtud de que la salida de la emergencia, después de tantos años y con la manipulación social y política que se hizo, la crispación y la grieta que se generó en la sociedad, requiere de una tarea seria, profunda y coordinada con las diferentes jurisdicciones, que son las que ahora tendrán que comenzar a articular el nuevo andar de este escenario jurídico”.

“Deberíamos empezar a trabajar en leyes de presupuestos mínimos que ordenen la problemática”, señaló Trebino, para quien “no puede ser que no existan normas en cuanto a protocolos de consulta previa libre e informada y cada jurisdicción haga lo que quiera o pueda con lo que tiene”.

“Muchas veces, estas consultas, que deberían estar en cabeza de los Ejecutivos, terminan siendo realizadas por empresas, cosa que no corresponde”, expresó. 

Además, dijo: “Tampoco puede ser que no tengamos una ley de propiedad comunitaria”.

“No sabemos en qué concepto se entregan tierras”, afirmó al respecto.