Con tareas comunitarias zafó de una causa por golpear y amenazar a una embarazada y a la Policía que intentaba detenerlo

Carlos Emilio Velasco podrá jactarse de lo barato que le salió liberarse de una causa penal en la que la gravedad de los sucesos no guardó relación con la entidad de los delitos reprochados. Golpeó con fiereza en la panza a una mujer embarazada porque le debía el alquiler de una pieza en el edificio del que se había apropiado. También atacó a la Policía. Realizó tareas comunitarias y zafó.

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El hombre acusado de golpear y amenazar a una joven embarazada había sido imputado tras su detención, bajo los cargos de amenazas y atentado y resistencia contra la autoridad. Lo habían excluido del edificio abandonado del expoliclínico sindical Arbos, del cual se habría apropiado y alquilaba a gente en situación de extrema vulnerabilidad.

Fue en ese contexto en el que agredió a una mujer de 22 años, embarazada de 38 semanas, luego de reclamarle violentamente el pago del alquiler de la pieza que le alquilaba en el edificio abandonado ubicado en Diagonal Capraro y Sarmiento.

Según la propia acusación, todo ocurrió en mayo de 2023, mientras la joven se encontraba en su habitación junto a su madre, el acusado rompió la puerta de acceso y, una vez en el interior, comenzó a agredirla violentamente, golpeándola en sus zonas íntimas y en su vientre, a pesar de que se encontraba en el último mes de gestación, mientras le exigía que le pagara el alquiler y le profería amenazas de muerte, con frases extremadamente intimidantes.

La mujer logró llegar al Hospital Zonal en donde la asistieron y la pusieron a resguardo, presentándose más tarde en la Comisaría Segunda del Centro Cívico a realizar la denuncia formal del hecho. Fue consecuencia de ello que personal de dicha dependencia policial se presentó en el edificio abandonado y lo detuvo. Durante su detención, el hombre continuó su comportamiento violento, agrediendo y lesionando a dos efectivos de la Comisaría Segunda del Centro Cívico.

Pero la detención fue difícil, más allá de la formulación de cargos por la agresión, las amenazas y el ataque a los uniformados que procuraban detenerlo, poco después el acusado resultó beneficiado con la suspensión del juicio a prueba.

Transcurrido el plazo de la suspensión, la fiscala adjunta Fernanda Orticelli y la defensora oficial Natalia Araya, solicitaron el sobreseimiento definitivo del sujeto por haber cumplido con las reglas de conducta que le impusieron al momento de la suspensión.

Se trató concretamente de cien horas de tareas no remuneradas a favor de la comunidad, con otras pautas de rigor como no cometer nuevos delitos, mantener el domicilio denunciado y presentarse de manera bimestral ante la Oficina Judicial.

Consecuencia de la petición de la fiscalía y la defensa, el juez de Garantías Juan Pablo Laurence no tuvo más opción que dictar el sobreseimiento definitivo del sujeto, dejando constancia de que la sustanciación del legajo judicial no afectó el buen nombre y honor del que hubiere gozado con anterioridad al mismo.