Vuelven a rechazar investigación en el fuero Federal sobre la causa Techo Digno en Bariloche

Las defensas de la exintendenta María Eugenia Martini, del exresponsable de Obras del municipio, Alfredo Milano, y del empresario Juan Castelli, de Oriente Construcciones, habían pedido revisar la decisión del juez Marcelo Álvarez Melinger, pero el juez Gregor Joos la confirmó.

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Los planteos de incompetencia que realizaron los defensores fueron rechazados por el juez Gregor Joos, en calidad de juez de Revisión. En audiencia desarrollada vía Zoom este miércoles, el magistrado brindó los argumentos que lo llevaron a rechazar la revisión solicitada, confirmando la decisión de su par, Álvarez Melinger.

En el caso ya se había dispuesto el sobreseimiento definitivo de Alberto Usandizaga, titular de la firma Alusa SA, producto de un padecimiento de salud mental que le impide defenderse y enfrentar un proceso judicial en su contra.

Más allá de la insistencia de las defensas, que eventualmente podrían seguir la vía recursiva, el expediente está en condiciones de enfrentar el Control de Acusación, el último de la etapa preparatoria para quedar listo para el juicio oral. Aunque el proceso de apelaciones defensivas podría derivar en nuevas demoras para la continuidad del caso.

La cuestión de fondo del caso es el manejo de los fondos públicos que Nación envió al municipio de Bariloche, en el marco de dos acuerdos suscriptos entre las partes en el marco del programa "Techo Digno".

De acuerdo a la teoría acusatoria, apoyados en las certificaciones de obra fraguados o sin respaldo con el avance real de las obras, Martini, Milano, Castelli y el propio Usandizaga –ahora sobreseído–, certificaban los trabajos en mayor proporción de lo que se estaban llevando a cabo con obras millonarias –se construían dos planes de 376 y 495 Viviendas– y así lograron defraudar al Estado cobrando más de lo que correspondía de acuerdo al avance real de las obras.

El fondo de la discusión es si el dinero todavía estaba bajo las órbitas del Estado nacional, en cuyo caso correspondería la intervención de la Justicia Federal, o si bien ya estaban a disposición del municipio local, en cuyo caso debería seguir investigando la Justicia rionegrina.