Milei restringió el acceso a la información pública de su Gobierno

En un giro controvertido, el presidente Javier Milei ha utilizado un decreto para limitar el acceso a la información pública relacionada con su administración y los funcionarios del Gobierno. La medida, incluida en el Decreto 780/2024 publicado recientemente en el Boletín Oficial, ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la participación ciudadana en la política del país.

La restricción del acceso a la información no solo afecta a la administración pública, sino también a la actividad privada de los funcionarios. Esto otorga al Poder Ejecutivo una gran discrecionalidad para definir qué información puede considerarse de interés público y, por tanto, hacerse pública.

El decreto introduce varios cambios significativos a la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada previamente. Aunque se reconoce el principio republicano de publicidad de los actos de Gobierno y la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, las restricciones impuestas permiten al Gobierno elegir selectivamente qué información divulgar.

Entre las limitaciones destacan aquellas relacionadas con la actividad privada en la Quinta de Olivos, tales como reuniones familiares, visitas privadas y detalles personales. Además, se prohíbe la divulgación de deliberaciones preparatorias, documentos de trabajo o exámenes preliminares sobre temas o actos de Gobierno, limitando así el acceso a las notas personales de reuniones o agendas.

En términos de confidencialidad, el decreto establece un periodo de 10 años para la protección de datos confidenciales o secretos de Estado en áreas de defensa, política exterior o seguridad interior. Esto también incluye el secreto financiero y la información manejada por el Banco Central.

El decreto deja muchos aspectos a la interpretación del Gobierno, lo que ha generado inquietudes sobre la transparencia. La medida es tan flexible que puede permitir al Gobierno definir qué información tiene valor comercial secreto y debe mantenerse confidencial.

Sin embargo, las excepciones no se aplicarán en casos judiciales que investiguen graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, lo que representa un resquicio de transparencia.