Se flexibilizan las normas para facilitar las transferencias en dólares

Las modificaciones promovidas por el gobierno de Javier Milei y la reducción de controles por parte del Banco Central han despertado inquietud en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a la falta de garantías para prevenir el lavado de dinero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha derogado una normativa que permitía a las instituciones financieras rechazar transferencias en moneda extranjera basándose únicamente en sospechas de violaciones a las regulaciones cambiarias del país. Esta decisión también permite pagos desde las cuentas de blanqueo a desarrolladores inmobiliarios.

La Comunicación “A” 8088, emitida por la autoridad monetaria liderada por Santiago Bausilli, establece las regulaciones específicas para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA). Estas cuentas son parte del proceso de blanqueo de capitales o regularización de activos no declarados, con el que el gobierno de Milei pretende aumentar la entrada de divisas y estabilizar las cuentas públicas. La finalidad de esta medida es simplificar y facilitar las transacciones en dólares.

Sin embargo, analistas del mercado observan un panorama complicado para el Gobierno, que depende de los dólares provenientes del blanqueo para superar dificultades económicas. Con un riesgo país en 1.550 puntos básicos y un BCRA que permite la compra de dólares, las reservas acumuladas han caído y no se han cumplido las metas acordadas con el FMI.

Una de las normativas removidas autorizaba a los bancos a rechazar una transferencia en moneda extranjera si se sospechaba que la transacción podía implicar el incumplimiento de la regulación sobre compra de moneda extranjera para formar activos en el exterior. Si esto ocurría, el banco solo debía informar al cliente sobre el "motivo del rechazo".

Además, la Comunicación "A" 8090 regula una disposición del Ministerio de Economía que incluye proyectos inmobiliarios entre los destinos permitidos para el dinero blanqueado. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevará un registro de desarrolladores con al menos el 50% de las obras completadas, y todas las transacciones serán trazables.

El blanqueo impulsado por el Gobierno llega en un momento crítico, ya que Argentina enfrenta el riesgo de ser nuevamente incluida en la lista gris del GAFI. Las voces que advierten sobre fallas en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) son cada vez más fuertes.

Argentina ya ha estado en esta lista, que actualmente incluye países como Venezuela, Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Nigeria, Senegal, Siria, Vietnam, Yemen, y el principado de Mónaco, todos ellos señalados por su falta de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero en relación con actividades ilícitas.

El BCRA ha establecido un marco regulatorio específico para las CERA, asegurando que los fondos depositados se utilicen conforme a las normas y notificando a las autoridades competentes sobre todos los movimientos, a pesar de la posible alerta del GAFI.