“Hay derechos que se han adquirido y no deben desconocerse”

Al analizar la reciente decisión del Directorio de Parques Nacionales, en relación a dejar sin efecto una resolución que ratificaba lo firmado en el acuerdo entre diversos representantes del Estado y referentes mapuches, el letrado Gustavo Franquet, quien integra la Asociación Gremial de Abogados, encargada de la defensa de la lof Lafken Winkul Mapu, consideró que “el gobierno puede cambiar de política y establecer otra cosa, pero hay derechos que se han adquirido y no deben desconocerse”.

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“Me remito al sentido común”, expresó Franquet, para luego sostener: “Las autoridades tienen un margen de discrecionalidad, pero no de arbitrariedad”.

De tal manera, y aclarando que se refería a lo que iba más allá de las dos causas contra la Lafken Winkul Mapu (la de 2017 y la de 2022), donde, a su entender, la determinación de Parques no debería influir, “las comunidades tienen derecho a apelar en sede administrativa la nueva resolución de Parques, e incluso judicialmente”.

“Habrá que discutir si el Estado puede correrse del reconocimiento que hizo, en un marco donde se tuvieron en cuenta tratados internacionales”, apuntó el letrado, quien destacó que, a los mapuches, “lo que más les preocupa es el rewe, es decir, el lugar sagrado”.

En tal sentido, recordó que esa cuestión fue la que determinó, en su momento, que integrantes de diversas comunidades indígenas se entrevistaran con el entonces presidente Alberto Fernández, encuentro del que partió el compromiso de llevar adelante una mesa de diálogo.

Justamente, hubo varias conversaciones entre los funcionarios y los representantes de los pueblos originarios antes de arribar a la firma del compromiso. Franquet apreció: “Ahí vimos que Parques Nacionales especulaba con un posible cambio de  gobierno con el fin de que, si acordaba algo, nunca se cumpliese, que fue lo que finalmente sucedió”.

Si bien consideró que el resto de los funcionarios también tiene su cuota de responsabilidad en que no se concretara lo rubricado, el abogado puso el acento en la actitud de la Administración de Parques, ya que culpa al organismo (y también al entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que estaba a cargo de Juan Cabandié) de dilatar lo máximo posible la firma del pacto.