Recientemente se conoció la decisión del Directorio de la Administración de Parques Nacionales de dar de baja una resolución fechada durante la gestión presidencial de Alberto Fernández, en la que se ratificaba el acuerdo referido al conflicto de Villa Mascardi.

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De esa manera, los compromisos firmados por referentes del Estado y representantes mapuches, más allá que desde que se rubricó el pacto, el 1° de junio de 2023, nunca terminaron de efectivizarse –ni antes ni después del cambio de presidente–, ahora directamente quedarían en letra muerta.

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Igualmente, cabe apuntar que también están aquellos que advierten que lo rubricado no podría perderse así nomás, ya que quienes actuaron lo hicieron en representación del Estado, no de un gobierno.

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Mientras la discusión al respecto prosigue, debe recordarse que los encuentros de la mesa de diálogo a partir de donde salió el convenio contaron con diversos veedores.

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Así, según el acta donde figuró lo acordado, quienes observaron el proceder de los protagonistas fueron: por parte de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas; por el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y la abogada Mariana Katz; desde la Asociación Gremial de Abogados, Laura Taffetani y Gustavo Franquet; la activista social Neka Jara; la secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma, Miriam Liempe; por la Multisectorial contra la Represión de Bariloche, Marcela Cano Jordán; desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Alicia Ordoñez; la letrada Andrea Reile, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Rodolfo Sánchez, de Izquierda Socialista; miembros de la Red de Profesionales de la Salud de Junín de los Andes; por Justicia Legítima, Cristina Caamaño; por la Coordinadora Americana en Defensa los Presos Políticos, José Schulman; desde el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, Nora Leguizamón; la presidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas, Sandra Ceballos; Benito Espíndola, de la Asociación de Abogados en Derecho Indígena; por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), María José Venancio; Claudia Rocca de la Asociación Americana de Juristas Rama Argentina; y la diputada nacional Mónica Macha.