Quienes se desempeñan en Parques Nacionales y están nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se manifestaron públicamente contra el proyecto de Ley Bases y, para demostrar la relevancia del organismo (el cual sienten que estaría en peligro en caso de aprobarse la normativa), explicaron las funciones que llevan adelante y lo que sucede en esta etapa, con una ola reciente de despidos.

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Así, indicaron: “La actual Administración de Parques Nacionales (APN), organismo creado por Ley 22.351/1980, es continuadora jurídica del organismo creado hace ya casi noventa años mediante la Ley Nº 12.103, dando coherencia y continuidad a la gestión territorial de las áreas protegidas nacionales”. 

“Es un organismo autárquico, con una conducción colegiada, crucial en materia de conservación del ambiente, lo cual, por imperio constitucional, requiere una mirada nacional y federal. Posee amplias atribuciones y funciones para la gestión territorial de las áreas protegidas a su cargo, las cuales guardan muestras de casi la totalidad de la gran diversidad de ambientes naturales de la Argentina”, desarrollaron, para luego detallar: “La APN gestiona actualmente 55 áreas protegidas distribuidas en 21 provincias y en el Mar Argentino. Un total de poco más de 18 millones de hectáreas, distribuidas en 5,2 millones terrestres y más de 13 millones marinas (bajo la Ley N° 27.037 – Ley de Áreas Marinas Protegidas Federales). Todo ello representa en su conjunto las diversas ecorregiones que conforman nuestro territorio”.

“Con el fin de llevar adelante esa inmensa tarea, la APN cuenta con menos de 2200 trabajadores y trabajadoras: profesionales, técnicos/as, administrativos/as, investigadores/as, brigadistas y guardaparques. Sin embargo, estamos sufriendo despidos arbitrarios e injustificados a pesar de que la cantidad de trabajadores/as es menor a la que recomiendan los organismos internacionales y nacionales de ‘expertise’ en la materia”, plantearon ante lo que sucede actualmente, a la vez que explicaron: “La existencia de las áreas protegidas en nuestro país responde históricamente a una concepción basada en la necesidad de que, frente al descubrimiento de áreas naturales de extraordinaria belleza o interés científico, el Estado debía intervenir para preservarlas para el disfrute de las presentes y futuras generaciones”. Así, señalaron que ese “objetivo conlleva la razón de ser de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrado por un organismo nacional que asegure la conservación de las distintas áreas que lo integran, independizando su administración y manejo respecto de las decisiones e intereses locales, por cuanto ello interesa a la Nación toda, y resulta por tanto en beneficio de todos los habitantes del país”. 

“A ello se suma que Parques Nacionales es un organismo que forma parte del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica desde 2020, y que aporta en la gestión del conocimiento para la conservación del patrimonio natural y cultural”, indicaron.

Los trabajadores de Parques se remitieron al artículo 41 de la Constitución Nacional, donde dice que los habitantes poseen el “derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. En ese sentido, resaltaron que dicha normativa constitucional también menciona que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.

“Ello pone en cabeza del Gobierno Nacional dicha obligación de proveer a la protección del derecho de los habitantes de gozar de un ambiente sano y a la preservación del patrimonio natural y cultural”, apreciaron al respecto, para luego advertir que “la experiencia demuestra que los recursos naturales y culturales, librados a las reglas del mercado y a la mayor o menor conciencia ecológica de los agentes económicos o políticos, sufren un deterioro constante y progresivo, lo que directa o indirectamente ocurre en detrimento de la población”.

De esa manera, hilaron la cuestión con lo que pretende el proyecto de la denominada Ley Bases, apuntando principalmente a los artículos 3 y 6, que, afirmaron, “comprometen seriamente el futuro de los Parques Nacionales, dejando a la Administración a merced de una eventual disolución total o parcial; una intervención; la modificación o eliminación de sus competencias, funciones o responsabilidades; una reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización y/o provincialización”.

Ante esa posibilidad, enumeraron algunas de las tareas que se llevan a cabo en los distintos sectores de la Administración de Parques Nacionales: “Atención y asistencia a visitantes de las áreas protegidas; búsqueda y rescate de personas en senderos, y áreas agrestes; manejo del fuego (extinción de incendios forestales, gestión de sistemas de alerta temprana, prevención, planificación, capacitación, etcétera); conservación y monitoreo de especies de flora y fauna, y patrimonio cultural en diferentes ambientes; investigación sobre temáticas prioritarias para la gestión de las áreas protegidas y la conservación de los bienes comunes; desarrollo y actualización de normativa ambiental; mantenimiento de sendas, caminos e infraestructura dentro de las áreas protegidas; gestión ambiental de obras de infraestructura, impactos y emergencias ambientales (derrames por accidentes viales, entre otras cosas); autorización y supervisión de obras civiles en jurisdicción de la Administración; habilitación, control y fiscalización de los servicios turísticos que se brindan; instalación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones y conectividad (antenas satelitales, radio, etcétera); asistencia a poblaciones en temas de calidad de vida y producción sustentable; primera respuesta ante eventos naturales (por ejemplo: inundaciones, nevadas, aludes y enfermedades zoonóticas); diseño y gestión de iniciativas de trabajo conjunto con poblaciones, comunidades y organizaciones de la sociedad civil; gestión de proyectos financiados por el organismo y otras fuentes nacionales e internacionales; gestión de la compleja operatividad y administración de las áreas protegidas; difusión institucional mediante programas de radio y televisión, y publicaciones impresas y digitales”.

Asimismo, expusieron acciones en la que colaboran con las provincias y municipios, así como con diversas organizaciones civiles: “Aporte al Sistema Federal de Manejo del Fuego mediante, entre otras cosas, equipamiento, capacitaciones, personal operativo, logístico y técnico, para la prevención y el combate de incendios; campañas escolares de prevención de incendios forestales, de interfase, y también de preservación del ambiente; abordaje de emergencias zoonóticas y planes sanitarios; rescate conjunto de ejemplares de fauna silvestre con valor de conservación; colaboración en el ordenamiento de actividades turísticas en jurisdicción municipal cercanas a las áreas protegidas (ordenamiento de costas, diseño de cartelería interpretativa, etcétera); charlas educativas en escuelas provinciales y capacitación a docentes; vinculación con investigadores y organismos de investigación y desarrollo tecnológico (INTA; INTI; CONICET; CNEA; SEGEMAR; universidades e institutos, etcétera); apoyo técnico en la implementación de áreas protegidas municipales y provinciales, gestión conjunta de corredores de conservación, paisajes, monumentos nacionales, figuras internacionales (reservas de biosfera, sitios de patrimonio mundial, Ramsar, etcétera); acuerdos binacionales con países limítrofes para la protección de especies amenazadas (por ejemplo, la conservación del huemul en Argentina y Chile)”.

Los  trabajadores también manifestaron que “las áreas protegidas brindan servicios socioambientales de relevancia para el país”. En tal sentido, destacaron que “la promoción turística de diversas ciudades se basa en gran parte en los atractivos de los Parques Nacionales”, y ejemplificaron la afirmación señalando que “se estima que el noventa por ciento de los visitantes que arriban a las ciudades de Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, visitan el Parque Nacional Nahuel Huapi y/o el Parque Nacional Lanín”. 

Asimismo, como muestra de la incidencia de la Administración de Parques Nacionales en la cotidianeidad de los argentinos, se refirieron a “la protección de las altas cuencas, las cuales garantizan el acceso a agua de calidad a la población y la producción agropecuaria, y permiten la generación de energía eléctrica que abastece al sistema interconectado nacional”.