El ingeniero Raúl Espiño y el empresario Marcelo Andreatta, fueron condenados a las penas de tres y dos años de prisión en suspenso, respectivamente, como autores de una serie de maniobras con las que desviaron el dinero destinado a centrales contra incendios forestales dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Les atribuyeron el delito de defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsedad ideológica y en el caso de Espiño, además lo condenaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Se trató de un proyecto de obra encargado por Parques Nacionales con financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Preveía la construcción de tres centrales contra incendios forestales en Pampa Linda, en El Manso y en Villa La Angostura. El proceso licitatorio culminó con la adjudicación de la obra a la firma Andreatta SRL, que tenía un plazo de ocho meses para ejecutar las obras, con un presupuesto de 4.5 millones de pesos.

Espiño era empleado de Parques Nacionales como gerente de la Ucefe (Unidad Coordinadora de Proyectos de Financiamiento Externo), por lo que tenía la obligación de supervisar las obras financiadas por el BID. El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de General Roca, le impuso tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública, tras acreditarse que fraguó certificaciones de obra que derivaron en pagos indebidos. Marcelo Andreatta, era el gerente de la firma y recibió una pena de dos años en suspenso como coautor de los hechos. Los jueces acreditaron que el dinero fue directamente a las arcas de su empresa.

Las tres centrales que se preveía construir no llegaron a concretarse. De hecho, durante el juicio se escuchó que los problemas con las obras surgieron de inmediato, porque por las características de los terrenos elegidos para la construcción, debían realizarse obras complementarias, incrementando el presupuesto original y estirando los plazos, lo que luego se agravó por pésimas condiciones climáticas e inclusive la erupción del volcán en 2011.

En El Manso y en Villa La Angostura, apenas se edificaron las bases, mientras que en Pampa Linda la obra estuvo cerca de concretarse, pero nunca cumplió la función para la que fue construida.

Los jueces Simón Bracco, Ernesto Sebastián y Alejandro Silva, determinaron que la administración de Parques Nacionales abonó certificaciones de avance por un 100% en el caso de Los Rápidos del Manso, 69,92% en el caso de la obra en Pampa Linda y un 69,93% en la central de Villa La Angostura, cuando en realidad las obras habían avanzado en un 95,64%, 25,54% y 23,30% respectivamente.

Así, mediando la presentación de certificaciones falsas del avance de obra, los acusados desviaron para su beneficio, alrededor de 1.387.000 pesos. La situación fue determinante para los jueces, ya que “estos documentos fueron utilizados por los encartados para la configuración propia de la defraudación”.

Mediante pericias caligráficas se determinó que Andreatta había firmado certificados que debía suscribir, pero que la firma del otro responsable de certificar los avances de obra había sido falsificada. La dirección de la empresa delictiva fue atribuida a Espiño.