La sigla PPOP es de triste evocación para familias que llevan décadas e incluso siglos en estos espacios. Varios de los conflictos vigentes en la actualidad, hunden sus raíces en 1934.

Todavía está en vigencia una sigla de connotaciones odiosas para numerosos pobladores que, a pesar del paso de las décadas, no pueden formalizar su posesión de la tierra: PPOP (Permiso Precario de Ocupación y Pastaje). Como irritante contrapartida, hay grandes propietarios que, a través de sus extensas estancias, poseen hasta el 20 por ciento del área protegida, en ámbitos del Parque Nacional Nahuel Huapi. Asimetrías que no pueden generar otra cosa que situaciones conflictivas.

“Es difícil precisar la cantidad de conflictos ambientales existentes en la provincia de Río Negro. Hay una diversidad de observatorios a nivel latinoamericano y local, dependientes de organizaciones sociales y académicas, destinados a visibilizar, cuantificar y analizar esta problemática a escala mundial. Muchos de estos conflictos arrastran raíces históricas vinculadas con las diferentes concepciones sobre propiedad y usufructo de los territorios y los recursos naturales”.

El párrafo precedente es parte del capítulo “Las áreas protegidas y la conservación del patrimonio natural”, texto de autoría conjunta que lleva las firmas de las historiadoras Giulietta Piantoni y Liliana Pierucci. Su contribución integra el libro “Río Negro. Los caminos de la historia” (Pido La Palabra Editorial-2021), que también tiene como autoras a Susana Bandieri, Laura Méndez y María Morales. En particular, el aporte de Piantoni y Pierucci está en el segundo tomo.

El caso que traen a colación es de interés directo para las y los barilochenses. “Por ejemplo, la constitución del Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934 produjo conflictos por la tierra en el Oeste rionegrino. Los cambios generados a partir de la creación del área protegida buscaron desdibujar el anterior perfil agroganadero de la región, pero no resolvieron jurídicamente cómo proceder ante los casos de pobladores –indígenas, criollos y extranjeros– que quedaron dentro de la nueva jurisdicción”.

Muy malamente, “algunos de estos pobladores rurales, ocupantes de ‘tierras fiscales’, fueron legitimados por medio de la entrega de 'permisos precarios de ocupación y pastaje' –PPOP–, que eran entregados a título personal y que persisten hasta el día de hoy dentro de la APN”, resalta la investigación de las historiadoras. Desde ya, “estos permisos quedaban revocados al fallecimiento del titular, con lo que se buscaba desalentar la permanencia y fomentar voluntariamente el éxodo voluntario a los centros urbanos”.

Esa fue la suerte que corrieron decenas de familias o tal vez más, pero observaron las investigadoras que “en algunos casos, pobladores originarios se han convertido en ‘jornaleros’ de la propia Administración de Parques Nacionales en calidad de albañiles, mucamas, peones, serenos, camineros y maquinistas. En otras instancias, Parques realizó expulsiones compulsivas y violentas”, con consecuencias perniciosas que se extienden hasta hoy.

Destacan Pierucci y Piantoni que “a la fecha, continúan la misma precariedad y la falta de definición jurídica, cuestión que se ha complejizado muchísimo a partir de las reivindicaciones y reclamos de las comunidades del pueblo mapuche por la restitución de tierras”. En efecto, parte de la conflictividad del presente tuvo origen 90 años atrás, aproximadamente.

La investigación no pasó por alto cierta asimetría un tanto obscena. “Estas situaciones de vulnerabilidad contrastan con el dominio privado de superficies de áreas de reserva, como el caso de las grandes estancias que llegan a ocupar hasta el 20 por ciento del área protegida”. Por otro lado, “los PPOP han sido utilizados como documentos que permiten dar cuenta de la permanencia y ocupación histórica de determinados parajes, y algunos de los expedientes iniciados en 1934 aún tienen vigencia administrativa, por lo que continúan circulando por las oficinas de la APN”. Algún día, la sigla tiene que convertirse en historia.