El juez Gregor Joos homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal César Lanfranchi, la defensa y el propio imputado y le impuso una pena de diez meses de prisión de ejecución condicional, con la obligación de respetar pautas de conducta y realizar un tratamiento psicológico.

De acuerdo a la acusación que presentó el fiscal Lanfranchi, el hecho investigado ocurrió el 4 de julio de 2022 en horas de la mañana, cuando en el interior del domicilio en el que ambos pernoctaron, se inició una discusión que elevó rápidamente el nivel de agresión, hasta que el acusado atacó a su expareja propinándole un fuerte golpe en la espalda con su rodilla derecha, para luego tomarla del cuello.

Seguidamente, la arrojó sobre la cama, se colocó encima suyo y ejerció presión con una mano sobre su cuello, y con la otra, le propinó dos golpes de puño en el rostro impactando en el pómulo lado izquierdo. Tras ello, la soltó y comenzaron a hablar sobre cuestiones de vieja data hablando de ello por un buen rato hasta que en un momento, la volvió a tomar del cuello presionándola tan fuerte que al ver que la víctima no podía respirar, la soltó. Finalmente, el episodio culminó por la tarde, cuando el imputado se retiró del domicilio diciéndole que no estaba arrepentido de lo que había hecho, que sabía todos sus movimientos, que sabía sus horarios y que no le importaba quemar su casa junto con sus hijos.

La fiscalía consignó que el acusado y su víctima fueron pareja por casi tres años y que la agresión se dio en un contexto de violencia de género por la agresión de un hombre hacia una mujer, aprovechándose de una relación asimétrica en la que anteriormente había desplegado violencia física y psíquica hacia ella.

Los hechos investigados fueron enmarcados en los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género, y amenazas simples.

El fiscal propuso la realización de un acuerdo pleno de juicio abreviado y a cambio de la confesión del imputado, ofreció una condena de diez meses de prisión de ejecución condicional, con la obligación de respetar pautas de conducta por el término de dos años bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la pena y convertirla en prisión efectiva.
Así, además de pautas genéricas establecidas en la legislación, planteó una prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto de parte del acusado hacia la víctima y la realización de un tratamiento psicológico para dominar sus impulsos.

El defensor oficial Marcos Miguel aconsejó a su pupilo aceptar el acuerdo obligado sin objeciones, entendiendo que se trataba de la mejor solución del conflicto. Siguiendo su consejo, el acusado admitió el hecho, su participación y culpabilidad y acordó con la calificación legal dada al hecho y la pena propuesta.