El fiscal jefe de Viedma, Juan Pedro Peralta, fue designado especialmente para comandar un equipo de investigadores que se abocará al caso Lucas Muñóz, a partir del hallazgo de elementos que fueron secuestrados semanas atrás en el interior de la Comisaría 42 en la que prestaba servicios el agente secuestrado y luego asesinado.

A través de la Resolución 23/23, el fiscal general de la provincia Fabricio Brogna, designó al fiscal jefe de Viedma, Juan Pedro Peralta, al mando de la investigación del caso Lucas Muñóz, que desde su inicio había estado en manos del fiscal local Martín Govetto.

En la resolución se argumentó que "ha transcurrido un tiempo más que prudencial sin que a la fecha se avizoren avances sustanciales en la investigación" y que "como es de público conocimiento, se han descubierto nuevos elementos de prueba en extrañas circunstancias, cuestión que a su vez se encuentra pendiente de esclarecimiento".

"Todas estas cuestiones imponen que, tal como he resuelto anteriormente, se disponga un cambio de funcionarios a cargo de la investigación", entendiendo que "el citado cambio de Fiscal que lidere la investigación, implica una óptica distinta que representará un nuevo impulso al proceso, atendiendo a la complejidad del caso y a la necesidad de reafirmar los esfuerzos en la búsqueda de la averiguación de la verdad", consignó Brogna en su resolución.

En tal sentido se dispuso el nombramiento de Peralta, quien tendrá la potestad de designar al fiscal del caso que desee y crear su propio equipo de trabajo para buscar un avance en el caso.
Entre las medidas de la resolución citada, Peralta viajó de inmediato a Bariloche y se reunió con el fiscal Govetto y con la parte querellante en el caso, recorrió la zona en la que fue hallado el cuerpo de Lucas Muñóz el 10 de agosto de 2016, tras permanecer desaparecido durante 27 días y ahora tendrá quince días para notificar a su superior respecto de la conformación del equipo de trabajo que se abocará al expediente.

Según informaron desde el Ministerio Público, Peralta también se reunirá con la familia del joven que había desaparecido el 14 de julio de 2016, cuando se dirigía a tomar la guardia de la unidad 42, ubicada en el barrio 2 de Abril de Bariloche.

El caso transita su séptimo año sin mayores novedades sobre lo ocurrido con el joven agente y en las últimas semanas la noticia de la aparición de diversos elementos personales del agente sacudió todos los estamentos provinciales. El Ministerio Público Fiscal inició una investigación para determinar si es posible que el chaleco y el cargador del arma reglamentaria del oficial Lucas Muñoz y una ficha con una huella digital impresa hayan permanecido más de seis años guardadas en el interior de la Comisaría 42, siendo que en el marco de la investigación por el secuestro y posterior asesinato, la dependencia policial fue allanada en reiteradas oportunidades.

El oficial Lucas Muñóz desapareció el 14 de julio de 2016 cuando se dirigía a tomar servicio en la Comisaría 42 del Alto de la ciudad. Nunca llegó. Estuvo desaparecido 27 días hasta que su cadáver fue encontrado con un balazo en la cabeza. Estaba con su uniforme policial en impecable estado y el cuerpo no tenía señales de haber estado abandonado o en mal estado de aseo. Tras la desaparición hubo desplazamientos en la cúpula policial, retiros y policías condenados, pero nada llevó a la verdad.

La investigación recayó en el fiscal Martín Govetto, quien se abocó exclusivamente al caso durante meses, comandando un equipo aportado por el Ministerio Público Fiscal. Pero en el caso también fue relevante la participación de los abogados querellantes Jorge Pschunder y Karina Chueri, quienes mantuvieron frecuentes altercados con el fiscal y aportaron pruebas que tampoco condujeron a nada y pese a la desconfianza del fiscal, las medidas sugeridas fueron autorizadas por el juez Bernardo Campana.

Se sospechó que en el caso participó una banda organizada con vinculaciones directas al narcotráfico y la trata de personas. Se investigó que había visto o descubierto algo, se analizó si se trató de un secuestro extorsivo, se habló de fiestas sexuales, se tejieron un millón de versiones, pero nada permitió arribar a una conclusión seria en relación al  móvil ni a los responsables del crimen.

Testigos de identidad reservada que declararon en el domicilio particular del abogado Jorge Pschunder, un perro rastreador en manos de un adiestrador poco serio, mensajes desde perfiles falsos de las redes sociales, versiones anónimas, un expediente del Juzgado Federal de Bariloche y la insistencia permanente de la querella que apuntaban a dos jefes policiales y a un dirigente vecinal como presuntos integrantes de la supuesta banda, embarraron la cancha. 

Lo único sobre lo que quedó como certeza al día de hoy es de la participación de Luis Irusta y Maximiliano Morales, compañeros de Muñóz, quienes perpetraron un allanamiento ilegal, sin autorización de sus superiores ni del juez interviniente, en el domicilio del oficial en el centro de la ciudad. Revisaron documentos, computadora y enviaron desde sus teléfonos celulares a un superior, fotografías que tomaron. Fueron condenados.

Néstor Meyrelles y Federico Valenzuela, también fueron condenados. Fueron investigados y se confirmó que activaron un chip de telefonía celular a nombre de Lucas Muñóz en Catriel y desviaron la investigación durante días. Se defendieron señalando que pretendieron ayudar y creyeron que con esa maniobra obtendrían una lista de las últimas llamadas entrantes y salientes del teléfono del oficial ayudante por entonces desaparecido.

Los cuatro policías condenados no contaron nada más. Los mensajes anónimos sembraron dudas pero ningún dato concreto, como sucedió con cada uno de los testimonios policiales incorporados a la compleja investigación. Todo condujo a un callejón sin salida.