Desde la comisión de salud de la Red Comunitaria Territorial reclamaron que se cumplieron ya “cinco meses del violento desalojo y detención ilegal de las lamgen de la Lof Lafken Winkul Mapu, y en vísperas del Día Internacional de las Mujeres, el Estado ha abandonado la salud de las 4 presas políticas mapuche y sus 8 hijes, poniendo en riesgo su integridad”.

A través de un comunicado, los profesionales de la salud de la provincia de Neuquén, organizados como comisión de salud de la Red Comunitaria Territorial, se mostraron preocupados por la urgencia y la gravedad de esta situación, que señalaron es “causante de enfermedades para los niños y sus madres, presas políticas”. Detallaron, a través de un informe, la situación que están viviendo.

“En el caso de las lamgen y sus püchikeche no hubo preocupación por su atención ni cuidado integral por parte de los centros de salud que tienen incumbencia en la zona”, puntualizaron.

Indicaron además que “las mujeres y sus hijos están privados de su libertad hace 5 meses, por un delito que es excarcelable, siendo obligadas a vivir en precarias condiciones sanitarias, de hacinamiento y alejadas de su rewe".

Para los profesionales se trata de "una total supresión de todos los derechos constitucionales, agravados en el caso de las infancias, a quienes se les prohíbe disfrutar de los Derechos del Niño, entre ellos, su salud y educación”.

“Las diferentes estrategias propuestas por esta comisión, no han obtenido respuesta alguna por parte del Equipo de Salud Pública de Bariloche. Además de las precarias condiciones de higiene y nutrición a las que se ven expuestas, se le suma la sensación de peligro constante, la grave violencia institucional recibida, la destrucción de su autonomía, la pérdida casi total de sus vínculos, la falta de recursos económicos para subsistir, el daño en sus modos de vida y la pérdida de su vida en comunidad; todos estos factores de riesgo para su salud”, resumieron.

La Red Comunitaria Territorial denunció “el accionar racista del Estado y lo declara responsable de la salud e integridad de pu lamgen y sus püchikeche”.

Dicha red está actualmente conformada por más de 50 vecinas y vecinos de Junín y San Martín de los Andes, que sostienen esta denuncia pública.