La causa por el homicidio del bebé recién nacido es analizada en la Corte Suprema

La causa seguida contra la joven M. Ll. espera una resolución final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá determinar si el proceso puede avanzar o es un caso cerrado y sin culpables. Ante el máximo tribunal de la Nación, presentaron sendos recursos de queja la Fiscalía y la Defensa. A más de dos años de iniciado el trámite, los legajos comenzaron a moverse y la decisión final está cerca.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tramita dos recursos de queja que intentaron la fiscala Betiana Cendón y el defensor oficial Marcos Ciciarello. Ambos acudieron al máximo tribunal ante el rechazo de parte del Superior Tribunal de Justicia a dar curso a los recursos extraordinarios federales que intentaron.

La Fiscalía busca un pronunciamiento que le permita sostener la acusación contra la joven de haber asesinado a su bebé apenas después de dar a luz. Todo está relacionado al permiso de ingreso a la vivienda en la que se hallaron vitales elementos probatorios para sostener la teoría acusatoria y otras circunstancias posteriores. Si la Corte ratifica que el procedimiento inicial es inválido, la Fiscalía no tendrá elementos de prueba para incriminar a la joven. En cambio la Defensa busca suprimir otros aspectos de la investigación, cuestionando también la validez.

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En apretada síntesis puede describirse que el caso surgió a partir de la presentación de la joven M. Ll., con claros indicios de haber atravesado un parto reciente, en el Hospital Zonal, en mayo de 2019. Desde entonces se sucedieron un sinfín de audiencias y de apelaciones, sin que siquiera el caso haya superado la primera de las etapas del proceso: la formulación de cargos.

La fiscala Betiana Cendón formuló una acusación por homicidio agravado a la joven, acusándola de haber asesinado a su bebé apenas después del alumbramiento. Pero su acusación no superó el control de la jueza de Garantías Romina Martini, quien consideró que los dos allanamientos al domicilio de la joven habían sido ilegales, como así también un interrogatorio policial que le realizaron a la muchacha mientras permanecía internada en el hospital. Al hacerlo excluyó los elementos probatorios colectados a partir de esas circunstancias y rechazó la formulación de cargos.

Luego, en proceso de revisión, el juez Bernardo Campana, tras desarrollar varias audiencias con la convocatoria de numerosos testigos, revocó la resolución de su colega señalando que había sido tomada al partir de un error de interpretación involuntario de la jueza, que no tuvo a su disposición todo el material probatorio que él sí pudo analizar. Así, le dio el aval a la Fiscalía para que avanzara en la acusación.

Sin embargo, un nuevo planteo defensivo llevó el caso ante el Tribunal de Impugnación de la provincia, que en duros términos se expidió dándole la razón al defensor oficial Marcos Cicciarello y cuestionando el accionar de la Fiscalía.

Más adelante, el mismo Tribunal de Impugnación rechazó un recurso extraordinario presentado esta vez por el fiscal jefe Martín Lozada y la fiscala Betiana Cendón, ratificó su postura impidiendo el avance del caso a partir de las irregularidades cometidas en la primera instancia del proceso y volvió a cargar las tintas sobre el accionar fiscal.

No conforme con el resultado obtenido, los fiscales acudieron al máximo tribunal de la provincia, que ratificó lo resuelto en la instancia de Impugnación. Luego la Fiscalía intentó un recurso extraordinario federal, con la intención de darle intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el STJ cerró la puerta. Así el caso llegó con el recurso de queja, ante la Corte.

Aquel pronunciamiento del STJ se dio en septiembre de 2020 y pocas semanas después, los recursos de queja ingresaron ante la Corte Suprema. Lo curioso es que al realizar el movimiento del expediente dentro del máximo organismo de justicia puede advertirse que pasaron dos años sin ningún movimiento.

Según puede apreciarse, los dos recursos de queja estuvieron entre el 17 de agosto y el 12 de septiembre de 2022 en el despacho del juez Juan Carlos Maqueda, luego entre el 28 de septiembre y el 9 de noviembre en el despacho del juez Ricardo Lorenzetti y siguiendo el movimiento que se puede verificar en el sitio web de la Corte, entre el 29 de noviembre y el 16 de diciembre pasado, el legajo pasó por la Vocalía 3 de la Corte.