Además, la propuesta de carta magna establece que los órganos colegiados del Estado y los niveles de conducción de la administración pública, deben ocuparse con un 50 por ciento de mujeres. “La naturaleza tiene derechos”, proclama en otro de sus apartados.

Los organismos colegiados y los niveles directivos de la administración pública deberán integrarse en un 50 por ciento por mujeres, si prospera el proyecto de Constitución que la ciudadanía chilena deberá aprobar el próximo 7 de septiembre en el así llamado “plebiscito de salida”. Además, Chile se asumirá como “un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado”, entre muchas otras definiciones.

El último fin de semana se dio por finalizado el debate constituyente propiamente dicho en Chile y de ahora en adelante, la Convención trabajará en la “armonización” de los sucesivos artículos, la elaboración del preámbulo y la redacción de las normas transitorias. Desde el propio cuerpo se puso a circular el primer borrador, para que chilenas y chilenos afronten la próxima coyuntura electoral con pleno conocimiento.

Chilenos residentes en Bariloche hicieron llegar el texto a El Cordillerano. Desde la perspectiva de las mujeres, el proyecto de Constitución afirma que “todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres”.

En cuanto al tema indígena, que tanto preocupa a las derechas de Chile y también de la Argentina, establece la futura Carta Magna trasandina que “los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.

En esa línea, se asume que “es deber del Estado Plurinacional, respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas, el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de que son titulares. En cumplimiento de lo anterior, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional. Junto con ello, garantizará el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado”.

En temáticas de gobierno, la propuesta instituye la "cámara de regiones”, como "órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución”. Es una novedad para Chile, caracterizado hasta el momento por un régimen centralista.

De interés para los miles de residentes en Bariloche, el proyecto establece que “las chilenas y chilenos en el exterior podrán sufragar en los plebiscitos nacionales y elecciones presidenciales y de diputadas y diputados. Para esto se constituirá un distrito especial exterior. La ley establecerá las condiciones para asegurar el ejercicio de este derecho”. La constitución de ese distrito es un largo anhelo de las chilenas y chilenos barilochenses.

En otro apartado muy significativo e innovador, la nueva Constitución de Chile afirma que “la naturaleza tiene derechos”. El borrador de artículo dice que “las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman, con ella, un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes”.

El borrador que puso a consideración de la prensa y la ciudadanía cuenta con 160 páginas y además de los ítems que menciona esta reseña de El Cordillerano, refiere a organismos y políticas de seguridad, atribuciones de la o el presidente, procedimientos a seguir para la sanción de las leyes y otras normas habituales de los documentos constitucionales. De prosperar, será la primera constitución democrática de Chile desde 1990, cuando finalizó la última dictadura.