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Mientras el pueblo nacía a su vida institucional, Alemania, Inglaterra e Italia bombardearon Venezuela. El gobierno argentino asumió un rol protagónico para la superación del conflicto.

Cuando la República Argentina formalizó la existencia de un pueblo que adoptó como nombre San Carlos de Bariloche, pasaban cosas, fronteras adentro y afuera. En el país, transcurría el segundo gobierno de Julio Roca y en Sudamérica, la conmoción era importante. “Inglaterra, Alemania e Italia intervinieron en Venezuela en 1902, invocando para ello el atraso en los servicios de la deuda de aquel país contraída para la ejecución de algunas obras públicas”, según el racconto de Diego Abad de Santillán para su “Historia Argentina” (TEA – 1965).

La Argentina también estaba fuertemente endeudada con el exterior, aunque, durante el período, su manejo se tornó “sustentable”, por utilizar palabras contemporáneas. Sin embargo, “el gobierno argentino estimó que el procedimiento era peligroso y que no debía permanecer indiferente, dándose además la circunstancia de que la intervención se prolongaba con bloqueos y bombardeos de puertos, hundimientos de barcos venezolanos y otras medidas de violencia”.

Ese mismo año, arribó al gabinete de Roca, Luis María Drago, como ministro de Relaciones Exteriores. Luego de consultar a sus colegas de Brasil y Chile, al presidente y a Bartolomé Mitre -por entonces aliado del tucumano-, envió un pronunciamiento al gobierno estadounidense, que tampoco estaba muy tranquilo al observar la intromisión europea en su futuro “patio trasero”.

Entre otros conceptos, el documento decía: “Lo único que la República Argentina sostiene y lo que vería con gran satisfacción consagrado con motivo de los sucesos de Venezuela […] es el principio ya aceptado de que no puede haber expansión territorial europea en América, ni opresión de los pueblos de este continente, porque una desgraciada situación financiera pudiese llevar a algunos de ellos a diferir el complimiento de sus compromisos”.

Completaba Drago: “En una palabra, el principio que quisiera ver reconocido (la Argentina) es el de que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea. El desprestigio y el descrédito de los Estados que dejan de satisfacer los derechos de sus legítimos acreedores trae consigo dificultades de tal magnitud que no hay necesidad de que la intervención extranjera agrave con la opresión las calamidades transitorias de la insolvencia”.

La nota explicitó los conceptos que pasarían a identificarse como Doctrina Drago. Según Abad de Santillán, “su repercusión suscitó en todo el continente un movimiento de adhesión a sus principios y se discutió en los parlamentos y en los congresos jurídicos”. Pero el recibimiento en Estados Unidos no fue tan cálido, ya que Washington respondió con el ideario norteamericano tristemente célebre: la Doctrina Monroe.

El colega de Drago simplemente remitió una transcripción del mensaje presidencial al Congreso del 2 de diciembre de 1901, que entre otras cosas, decía: “Que por la doctrina Monroe no garantizamos a ningún Estado contra la represión que pueda acarrearle su inconducta con tal que esa represión no asuma la forma de adquisición del territorio por ningún poder no americano”. Acuño esa expresión Theodore Roosevelt. Las vueltas de la historia quisieron que 12 años después, el estadounidense arribara a Bariloche.