Reflexiones sobre el futuro del cerro Catedral

Frente a las próximas elecciones municipales a realizarse el 1° de septiembre, existe una serie de temas de tal relevancia, que amerita que los candidatos a intendente debiéramos expedirnos expresamente sobre los mismos, en cada barrio o escuela en que nos lo soliciten, y ante cada instancia de participación ciudadana, tal como sucede sin duda alguna con la política pública a adoptarse respecto del Vertedero Municipal, de la matriz productiva para el desarrollo de Bariloche, de la propuesta sobre un sistema sustentable de Transporte Urbano de Pasajeros, del acceso al asfalto y a los servicios públicos básicos para los barrios y, sin lugar a dudas, sobre cuál será el futuro de la concesión de nuestro cerro Catedral.

El caso del cerro resulta de tal importancia que, bien concebido, respetándose el debido proceso de participación ciudadana y llevado adelante a través de un control estatal eficiente, configura sin duda alguna uno de los principales pilares sobre los que podría cimentarse la economía local, en tanto resulta un indiscutible activo económico para la ciudad.

Tal y como recuerdan a las autoridades provinciales salientes y entrantes, así como a quien resulte electo intendente, el grupo de ciudadanos denominado “Vecinos por un cerro para todos”, resulta imperioso que “el cerro Catedral no se regale a un grupo empresario, ya que es uno de los principales motores económicos de la ciudad y debe servir para generar puestos de trabajo para nuestros jóvenes y contribuir a las escasas arcas municipales”.

Crónica de una venta anunciada

El cuestionado convenio firmado por el intendente, que resultó ratificado por la mayoría oficialista en el Concejo Municipal, proponía extender, sin proceso licitatorio alguno, la vigencia del contrato con la empresa CAPSA hasta 2056, limitándose a aceptar la oferta de inversión que, para el caso, había propuesto dicha empresa por 22 millones de dólares.

Amén de ello, uno de los puntos más problemáticos del citado convenio consistía en habilitar al privado para realizar un millonario negocio inmobiliario sobre 70 hectáreas en la base del cerro, el cual no contaba con un Estudio de Impacto Ambiental, al tiempo que confrontaba directamente con las Disposiciones 18 y 21 de la Carta Orgánica Municipal y con un informe oficial de Segemar, aprobado por Ordenanza en el año 2006. Sobre dicha urbanización, la propia empresa CAPSA estimó en 118 millones de dólares la rentabilidad a obtener, una vez aprobados los respectivos parámetros urbanísticos.

Sin embargo, un evitable proceso de judicialización al que el gobierno municipal condujo por el solo hecho de no abrir tan importante decisión a la consideración del pueblo de Bariloche, continúa suspendiendo la discutible resolución del caso. En medio de un clima de desconfianza, de apresuramiento y de sensación de falta de transparencia, el pueblo de nuestra ciudad debió avocarse a la compleja tarea de reunir alrededor de 6.500 firmas certificadas a fin de poner en marcha el mecanismo de la consulta popular previsto por la Carta Orgánica Municipal, plebiscitando así tan importante cuestión, luego de la cual hubiera podido continuarse con la discusión para arribar a la mejor y consensuada decisión.

Lo cierto es que hoy, a casi un año y medio de aquel proceso de participación popular, apenas contamos con una limitada resolución del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, por la cual dicho Tribunal se limita a expresar que la apelación que la Municipalidad de Bariloche realizara respecto de la medida cautelar solicitada por legisladores y concejales del Frente de Todos, y resuelta favorablemente por la Cámara Civil de Bariloche, era rechazada por improcedente, manteniendo de este modo la suspensión de la firma del acuerdo entre el intendente y la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA), sin resolverse en manera alguna la cuestión de fondo planteada ni cuál será el futuro del cerro Catedral.

Hacia un plan estratégico e integral de Bariloche

En su resolución del 19 de mayo del corriente año, el máximo Tribunal de la Provincia cuestionó los pasos administrativos y advirtió sobre el riesgo ambiental que demostraba la falta de un Estudio de Impacto serio. Lo hizo a través de una mayoría de tres votos a cargo de los doctores Liliana Piccinini, Adriana Zaratiegui y Sergio Barotto, donde expresarían que en la decisión política del Ejecutivo municipal se ha soslayado por completo, respecto de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el procedimiento obligatorio establecido por la Ley Provincial 3.266, agregando que “Ello no es una cuestión intrascendente, pues el Estudio de Impacto Ambiental dispuesto en la norma municipal dista mucho de la prevista en la provincial, desde que en aquella no se contempla una etapa fundamental que garantiza el recto ejercicio de los derechos de aquellos que se puedan sentir afectados -audiencia pública-; que sí expresamente se halla regulada” en la ley provincial.

Entendemos que la resolución de tal encrucijada resulta esencialmente política, operando todas las partes de buena fe en un contexto de transparencia y participación popular, teniendo en cuenta además los siguientes argumentos vertidos públicamente por el doctor Darío Rodríguez Duch, exconcejal y autor de las ordenanzas 1994-CM-09, de creación de la Unidad y del Consejo de Planeamiento Estratégico, y 2080-CM-10, que a través de sus diferentes actualizaciones regula la “renta diferencial” o “Plusvalía Urbana”, mediante la cual se permite al municipio recaudar un importante porcentaje ante el establecimiento de proyectos de envergadura, el que necesariamente debería ser aplicado a favor de todo el resto de la comunidad.

En base a la vigencia de éstas normas, es necesario tener en cuenta que Bariloche cuenta con una Carta Orgánica Municipal que priorizó, como pocas normas en el país, la problemática del Planeamiento Estratégico al crear dos instituciones, la Unidad de Planeamiento Estratégico (UPE) y el Consejo de Planeamiento Estratégico (CPE), a través de los cuales se debe proceder a elaborar el Plan Estratégico e Integral de San Carlos de Bariloche (mediante la UPE), y a legitimar socialmente a cada una de las secciones del mismo instrumentando la participación ciudadana mediante el CPE. Si bien ambos institutos municipales ya se encuentran creados y en funcionamiento, poco y nada es lo que han sido convocados para el trabajo en relación con la nueva concesión en el cerro Catedral.

Al respecto, refiere el doctor Rodríguez Duch que “El futuro Plan Estratégico de San Carlos de Bariloche es el que debe dirigir el lugar hacia donde se desarrolle la ciudad, adoptando una dimensión integral respecto de problemáticas diversas de la sociedad, no reduciéndose la tarea al tratamiento de temas meramente urbanísticos o territoriales y orientándose, en cambio, al cumplimiento de valores diversos, tales como el logro de la equidad social, la calidad y transparencia de la administración pública, el desarrollo de la cultura local, el mejoramiento de los servicios de movilidad y de comunicaciones, la definición de un proyecto económico local, la detección de los recursos humanos disponibles y el diseño de las infraestructuras tendientes al logro de dichos fines. Todo ello debe ser considerado al proyectar el desarrollo del cerro Catedral y encontrarse previsto en el Plan Estratégico e Integral”.

En base a dichos conceptos, convenimos en que comenzar a incorporar los elementos de la democracia participativa permite enriquecer el tradicional sistema de democracia representativa, abriendo canales a la legitimación social de las políticas públicas y al compromiso ciudadano, repercutiendo necesariamente en una mayor transparencia del proceso de planificación y en un notable mejoramiento de la calidad institucional del municipio.

Qué vamos a hacer por Catedral

De este modo, cualquier proyecto de desarrollo sobre el principal recurso turístico con que cuenta la ciudad, tal como resulta el cerro Catedral, debe encontrarse enmarcado dentro de los criterios que indefectiblemente debiera imponer el futuro Plan Estratégico e Integral de San Carlos de Bariloche, es decir: capacidad técnica, concepción dinámica de la realidad, convocatoria a los diversos actores sociales, mejoramiento del sistema democrático y la puesta en marcha de planes que procuren el bien común en el tiempo.

Por otra parte, la Ordenanza 2080-CM-10 y sus actualizaciones, reconocen el derecho del pueblo de Bariloche, representado en este caso por el Estado Municipal, de participar en la denominada “Renta Diferencial del Suelo” o “Plusvalía Urbana”, permitiendo que en aquellos casos en que se pretendan desarrollos urbanísticos o turísticos de envergadura, sean éstos propuestos por privados o por el propio Estado, y siempre y cuando obtengan legitimación social a través de los procesos de Rango 1 y Rango 3 del Código de Planeamiento Urbano; una tercera parte del mayor valor que obtiene la tierra en virtud de la norma que le brinda la autorización o los parámetros urbanísticos respectivos, debe ser compartida por los privados con el pueblo de Bariloche (a través del Estado Municipal) a fin de que se brinden infraestructuras sociales para el municipio a favor de los que menos tienen.

De este modo, el citado autor de la ordenanza nos refiere respecto del presente caso que “Conforme el espíritu de la normativa que regula la plusvalía urbana, podría darse comienzo por exigir de la empresa que resulte adjudicataria del megaproyecto Catedral, algunos de los aportes correspondientes para mejorar la infraestructura de servicios y regularizar la falta de regularización de la tierra de los sectores más desprotegidos de la ciudad, lo que implicaría un esfuerzo por lograr una efectiva integración urbana. En tanto la intervención estatal provoque un incremento en el valor inmobiliario, el mismo debe verse reflejado en el correspondiente aporte por parte de los grandes beneficiarios y que repercuta en favor de todos”.

Sin embargo, resulta ostensiblemente escasa la contraprestación prevista en favor de Bariloche en virtud de este concepto, a pesar de la enorme envergadura y de la ganancia multimillonaria que obtendría la empresa concesionaria en caso de lograr la aprobación del proyecto, limitándose simplemente a la entrega de cinco millones de pesos con los que se terminarían de construir los gimnasios municipales 4 y 5, a la vez que asumiendo el padrinazgo de algunos espacios públicos.

Conclusión

Por todos los elementos que fuimos considerando a través del presente, y frente al hecho de que el contrato de prórroga propuesto por el Ejecutivo municipal durante marzo de 2018 no cuenta con la debida licencia social por parte de la ciudadanía, entendemos que, en caso de resultar electos a cargo de la gestión municipal, priorizaremos la absoluta necesidad de poner en marcha un proceso participativo a través de los mecanismos e institución que, para casos como éste, claramente propone nuestra Carta Orgánica Municipal (referéndum popular, Unidad y Consejo de Planeamiento Estratégico, entre otros), sin apresurar los tiempos contractuales en forma necesariamente sospechosa, y proponiendo para el caso la confección de un pliego licitatorio que refleje consenso social y transparencia.

Por otro lado, nuestra perspectiva adhiere a un modelo superador de un mero proceso de concesión, orientándose en cambio a un modelo de co gestión en el cual el Estado municipal además de contralor, participe de la administración y las ganancias que genera este importantísimo patrimonio turístico y natural de Bariloche.

Esa, y no otra forma que pretenda hacer lugar a atajos injustificados, será la única manera en que podremos avanzar hacia un proceso que cuente con la correspondiente transparencia y licencia social, solo a partir de la cual se permitirá a todos los barilochenses disponer de su principal recurso turístico y económico, en base a un criterio de sustentabilidad, desarrollo y justicia social.

Daniel Natapof
Candidato a intendente
Frente de Todos