Hay promesas preelectorales que no tienen asidero

Durante días se especuló con los anuncios que haría el gobierno nacional para mejorar la situación del interior, con el ánimo de aportar un tanto de alivio a las economías regionales. Quizá las expectativas fueran desmedidas en función de las decisiones que finalmente se adoptaron: disminuciones en los aportes patronales en salarios menores a 17.509 pesos, según informó el Ministerio de la Producción.

Desde ya, la disposición fue bienvenida por aquellos sectores empresariales que podrán reducir sus costos laborales y de manera no tan indirecta, mejorar sus rentabilidades. Como contrapartida, la disminución afectará el financiamiento de la seguridad social y previsional. Si bien el impacto no debería ser significativo, hay que combinarlo con el objetivo del déficit primario cero, que profundiza el interminable ajuste fiscal.

El futuro de crecimiento y de recuperación del empleo en cuya esperanza la Casa Rosada inscribió su determinación, flaquea ante una realidad que solo acusa desindustrialización. En particular, el proceso afecta a sectores de las pequeñas y medianas empresas, con sus correlatos laborales: suspensión o cesantía para trabajadoras y trabajadores. La consecuencia, incertidumbre en miles de familias.

La insistencia en el ajuste cobrará relevancia al comienzo del ciclo lectivo en el ámbito educativo, cuando se calienten las discusiones salariales. Cabe recordar que, durante 2018, se produjo un estrepitoso derrumbe del poder adquisitivo de los salarios pero que la Nación pretende discutir 2019 sin superar el atraso que experimentaron las remuneraciones contra la inflación en el período anterior.

Para el conjunto de la economía, esa práctica ya implica ganancias para los sectores patronales, entre ellos, el Estado en su faceta de empleador. Si el sector público recorta el gasto en salarios, efectiviza el compromiso que asumió el gobierno frente al FMI. Al iniciarse la discusión salarial docente a escala nacional, queda claro que el conjunto del sector laboral pretenderá recuperar el terreno que perdió en 2018.

Enero cerró con un 2,9 por ciento de inflación minorista según el INDEC, cálculo que superó las previsiones privadas. Quiere decir que el crecimiento de los precios lejos está de desacelerarse y que, con marcas mensuales así, sería difícil lograr la marca que prevé el Presupuesto. Alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzaron una suba del 3,4 por ciento, mientras que la medición nacional dio un aumento del 3,1 por ciento en los servicios de electricidad y agua.

En el comportamiento de los últimos dos rubros, vuelve a expresarse la esquizofrenia de Cambiemos, que aspira a una reducción del ritmo inflacionario mientras concede incrementos en el rubro energético. Hasta el ciudadano o ciudadana menos entendida en economía sabe que al aumentar las tarifas, el efecto es dominó para el resto de la economía. Con un agravante: tanto alimentación como servicios públicos son gastos que no se pueden evitar y que afectan, sobre todo, a los sectores de menores ingresos.

Así las cosas, se agranda la brecha entre la población de más altos y más bajos ingresos. En los primeros, la incidencia de los consumos en materia de alimentos y servicios es menor. Esa desigualdad está en la base de la inseguridad que ciertos analistas intentan desmenuzar y magnificar, sin tener en cuenta cuál es el origen del fenómeno. La violencia empieza bastante antes del hecho policial.

Los dichos del presidente remiten a cierta creencia, según la cual al presidente Yrigoyen le editaban un diario propio para su exclusiva lectura. ¿Qué mediciones leyó Macri cuando anunció que la inflación está bajando? Entre enero de 2018 y el mismo mes de 2019, alcanzó el 49,3 por ciento, es decir, superó inclusive la estratosférica marca de todo el año pasado: 47,3 por ciento. ¿Otra vez hay que esperar al segundo semestre? Ya van cuatro esperas.

En este caso, la intención es un tanto burda. La estrategia consistió en fijar los cronogramas de aumentos en la primera parte del año para que los índices inflacionarios a partir de julio, no conspiren tan abiertamente contra las aspiraciones de reelección presidencial. El período electoral a escala nacional, adquirirá mayor temperatura entre el séptimo mes y octubre.

Hay que recordar que, según el programa del gobierno, todavía hace falta eliminar más subsidios y transferir esos recortes a los precios o tarifas que afrontan los usuarios. Difícilmente hagan mención sus candidatos a esa tarea pendiente, que prevén afrontar a partir de diciembre del año en curso. Para la idiosincrasia de Cambiemos, acceder a la energía no es un derecho, sino una mercancía más, que para agravar las cosas está en manos de un sector privatizado y extranjerizado. Con solo observar el desempeño de las energéticas en el mercado bursátil, alcanza para concluir para quién gobierna la gestión actual y qué asidero puedan tener sus promesas electorales.