Reclamo ambiental en Bariloche: la cautelar alcanza a Faena pero excluyó a Cauma
La Justicia de Bariloche modificó una medida cautelar dictada en el marco de un amparo ambiental y limitó su alcance al proyecto inmobiliario Faena. De este modo, excluyó al emprendimiento Cauma de las restricciones preventivas que se habían dispuesto sobre los terrenos vinculados con ambos desarrollos.
La resolución no se refiere a la validez del reclamo ambiental ni determina que los proyectos carezcan de impacto. La jueza aclaró que el pedido para frenar las obras de Cauma deberá tramitar por las vías correspondientes, ya que el emprendimiento “cuenta con autorización administrativa para su construcción y las obras se encuentran actualmente en ejecución”.
La medida original había sido dictada el 14 de octubre y establecía una prohibición de innovar para evitar intervenciones que pudieran ocasionar o agravar un daño ambiental, modificar las condiciones existentes o generar consecuencias difíciles de revertir.
Al revisar el alcance de esa decisión, la magistrada entendió que las restricciones debían mantenerse sobre Faena, pero no extenderse a Cauma.“La pretensión tendiente a obtener la paralización de las obras de Cauma excede el objeto y los alcances de la presente acción de amparo, por lo que considero que ello deberá ser canalizado por las vías pertinentes”, señaló.
El planteo solicita un estudio de impacto ambiental conjunto, actualizado y que considere los efectos individuales, acumulativos y sinérgicos de ambos proyectos. También reclama la intervención de las comisiones mixtas de las Reservas Naturales Urbanas Laguna El Trébol y Morenito-Ezquerra, la realización de las audiencias públicas correspondientes y la sanción de las ordenanzas respectivas.
Los amparistas sostienen que los posibles efectos ambientales de ambos desarrollos deben analizarse de manera conjunta. Ese planteo de fondo todavía debe resolverse.
La Municipalidad de Bariloche contestó la demanda, cuestionó la competencia del juzgado y su condición de parte demandada, y presentó un recurso de revocatoria con apelación contra la resolución anterior. La jueza dio traslado de esos planteos a los amparistas para que puedan responder y les otorgó un plazo de tres días para designar un abogado. En caso de no hacerlo, se les asignará un defensor oficial.
La resolución, por lo tanto, modifica el alcance de la protección cautelar pero no define todavía la controversia ambiental que dio origen al expediente.