Clínicas y sanatorios privados suspenden la atención a jubilados por 48 horas
Clínicas, sanatorios y hospitales privados de todo el país llevarán adelante una suspensión de servicios para los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) este miércoles 21 y jueves 22 de octubre.
La medida es impulsada por las principales entidades que representan al sector, se enmarca en un conflicto por los valores de las prestaciones, las demoras en los pagos y la falta de respuestas de las autoridades nacionales.
La decisión fue anunciada por Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), Salud Federal, Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y la agrupación Clínicas de la Patagonia, que advirtieron sobre el deterioro de las condiciones de atención de los jubilados y pensionados y las dificultades financieras que atraviesan las instituciones privadas.
En Río Negro, el conflicto ya tuvo consecuencias concretas. A fines de agosto, clínicas y sanatorios privados de la provincia, junto con los de Neuquén, Chubut y La Pampa, suspendieron la atención programada a afiliados de PAMI. La medida alcanzó a casi 300.000 jubilados y pensionados de esas jurisdicciones y comprendió consultas, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, mientras se mantuvieron las guardias y las emergencias.
Los reclamos del sector privado
Las entidades señalaron que la suspensión de servicios se resolvió luego de meses de gestiones sin avances en las instancias de diálogo con las autoridades de PAMI y del Ministerio de Salud de la Nación.
También indicaron que continúa sin respuesta un pedido de audiencia urgente presentado el 14 de septiembre ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para abordar la situación de los prestadores y las condiciones en las que se brinda atención a los afiliados.
Entre los principales reclamos figuran la actualización de los aranceles médicos de acuerdo con la evolución de los costos, la regularización de los pagos de PAMI y la revisión del modelo de atención, con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones que requieren los jubilados.
Según el comunicado, los valores retributivos acumulan un atraso de entre el 100% y el 131% respecto de la inflación en los últimos dos años. Las organizaciones sostienen que esta situación, sumada a las dificultades económicas y financieras, compromete la sustentabilidad de las instituciones.
Otro de los puntos planteados es el fortalecimiento de las contrataciones con el sector privado. Las entidades advirtieron que PAMI comenzó a derivar contratos hacia hospitales públicos, que ya se encuentran sobrecargados, reduciendo la cantidad de pacientes asignados a clínicas y sanatorios.
El impacto en la atención de los jubilados
Las organizaciones estiman que las prestaciones de salud para casi seis millones de afiliados de PAMI en todo el país ya están restringidas por las características del modelo de atención y las dificultades que atraviesan los prestadores.
En ese contexto, advirtieron que la continuidad de las condiciones actuales puede profundizar las limitaciones en el acceso a consultas, estudios, prácticas médicas y cirugías programadas, además de comprometer la estabilidad económica de las instituciones y de sus trabajadores.
El conflicto también tuvo manifestaciones en otras provincias. Durante la misma semana de las medidas adoptadas en la Patagonia, más de un centenar de clínicas y sanatorios del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza interrumpieron durante 48 horas la atención programada a afiliados de PAMI. A su vez, otros sectores, como oftalmólogos, médicos de cabecera y odontólogos, mantienen restricciones similares.
El peso de las clínicas privadas en el sistema sanitario
En su comunicado, las entidades remarcaron que los prestadores privados constituyen una parte central de la capacidad de atención sanitaria en Argentina. De acuerdo con las cifras difundidas, representan aproximadamente el 51% de los establecimientos de salud con internación - más de 1.600 instituciones - y el 56% de las camas disponibles en el país, con más de 120.000.
Por ese motivo, reclamaron una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones, regularizar los pagos y adecuar los valores de los servicios, además de avanzar en una reforma tributaria para los prestadores privados de salud.