CONFLICTO
La oposición no logró el quorum y se bloqueó la sesión contra el DNU 70/23
La reciente sesión en la Cámara de Diputados se convirtió en un campo de intensa disputa política cuando el oficialismo, La Libertad Avanza (LLA), se alió estratégicamente para frustrar una movida opositora contra el controvertido DNU 70/23. La desarticulación se logró gracias a la ausencia del número mágico de 129 legisladores, requeridos para proceder con la apertura y debate de importantes iniciativas.
El polémico DNU que pretendía ser debatido, el 70/23, está en el corazón del conflicto actual por ser una medida insignia de la administración de Javier Milei, y particularmente, por centrarse en la derogación de la Ley de Tierras.
En una hábil maniobra política, la oficialidad no sólo bloqueó la iniciativa opositora sino que también presentó ante el plenario una contrapropuesta: un proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que revierte la propuesta de descartar la Ley de Tierras. Este movida legislativa fue instrumental para mantener sus filas unidas y atraerse el apoyo de bloques dialoguistas.
Además del DNU, la sesión especial había sido convocada para tratar temas sensibles como la prórroga de la emergencia por discapacidad hasta finales de 2027, y un innovador plan para manejar el endeudamiento de las familias frente a la creciente morosidad económica. Estos temas, apremiantes para muchos ciudadanos, fueron otro costo de no alcanzar el quórum requerido.
La jornada de por sí tensa en sede parlamentaria se intensificó con la participación activa de sectores universitarios, sindicalistas, asociaciones civiles y educadores, quienes clamaron por un papel más activo del Ejecutivo en el financiamiento de las universidades públicas. En este escenario, una orden judicial no cumplida desencadenó una resolución judicial que sanciona económicamente al Gobierno, imposición que comprime aún más las presiones sobre la administración cuando el tiempo político apremia.
El panorama social se complió aún más con la declaratoria de un paro nacional por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que incitó a sus miembros a movilizarse en masa como voceros contra el decreto en cuestión y en solidaridad por la educación pública. Estas adhesiones, transversales en divisiones partidarias que incluyen el peronismo, la izquierda militante y diversas organizaciones latinoamericanas, resaltan la compleja dinámica política que el Gobierno de Milei tiene por delante para gestionar.