Personas en situación de calle en Bariloche: proponen incorporar sus derechos a la Carta Orgánica
La Mesa de Trabajo Participativa para el diseño de iniciativas estatales sobre la problemática de las Personas en Situación de Calle elaboró un documento con aportes para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche. La propuesta busca que la nueva normativa municipal incorpore el reconocimiento de sus derechos y establezca principios para desarrollar políticas públicas integrales, participativas y sostenidas en el tiempo.
El trabajo reúne aportes de organizaciones sociales, instituciones, dispositivos de acompañamiento y personas vinculadas con esta problemática. Entre sus principales planteos, propone que la situación de calle no sea abordada únicamente como una cuestión habitacional o de asistencia inmediata, sino como una realidad compleja que requiere respuestas coordinadas en distintas áreas del Estado.
Samantha Guiñazú, una de las referentes de la Mesa, explicó que el documento fue construido colectivamente y que el objetivo es acercar sus conclusiones a quienes participan del proceso de reforma de la normativa municipal.
“Este documento lo armamos desde la mesa, fuimos trabajando entre todas las organizaciones y las personas de institución de casas que participan de la mesa. La idea era pensar en las formas de incorporar estos requerimientos en la reforma de la Carta”, señaló.
Según indicó, el material fue remitido al equipo que trabaja con la comisión vinculada a la reforma y también hubo participación en los talleres ciudadanos y en los encuentros temáticos realizados durante el proceso.
La experiencia de Bariloche y el trabajo de las organizaciones
El documento también destaca que Bariloche cuenta con una trayectoria institucional y comunitaria vinculada con el acompañamiento de personas en situación de calle.
Entre los antecedentes, menciona al Equipo de Acompañamiento a Personas en Situación de Calle del Centro de Prevención de Adicciones (CPA), que desarrolla acciones territoriales y articula con otros organismos públicos, dispositivos y organizaciones sociales.
También destaca el trabajo de instituciones como el Hogar Emaús, con 18 años de trayectoria en la ciudad, el Hogar Betania y otros espacios de alojamiento y acompañamiento.
A ese recorrido se suma la conformación, en 2024, de la Mesa de Trabajo Participativa, integrada por personas que están o estuvieron en situación de calle, organizaciones sociales, dispositivos municipales, instituciones de salud, investigadores y otros actores relacionados con la problemática.
El texto recuerda, además, que en 2025 se incorporó al calendario oficial municipal la Semana de Visibilización de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y se declaró de interés municipal y comunitario el trabajo de la Mesa. En 2026, el espacio recibió un diploma de honor del Senado de la Nación.
Sin embargo, la Mesa advierte que el trabajo cotidiano se desarrolla en un contexto de necesidades que superan los recursos presupuestarios y las capacidades de respuesta disponibles. En ese escenario, considera que la reforma puede contribuir a establecer responsabilidades y mecanismos de continuidad para evitar que las políticas dependan exclusivamente de las prioridades de cada gobierno.
Reconocer, garantizar y participar
La propuesta se organiza alrededor de tres principios centrales: reconocer a las personas en situación de calle como sujetos de derechos, garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos y asegurar su participación en las decisiones que las afectan.
El primero apunta a que la situación de calle sea reconocida como una problemática compleja que necesita políticas específicas, integrales e intersectoriales. El segundo contempla derechos vinculados con la salud, la salud mental, la vivienda, el hábitat, el trabajo, la educación, la identidad, el cuidado, la inclusión y la protección frente a la discriminación y las violencias.
El tercer principio plantea que las personas que atraviesan o atravesaron esta situación deben participar en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas destinadas a atenderla.
Para la Mesa, esa participación no debería limitarse a convocatorias institucionales, sino que requiere generar condiciones accesibles para que las personas puedan expresar sus experiencias, necesidades, propuestas y conocimientos.
Guiñazú explicó que uno de los objetivos del trabajo es fundamentar la incorporación de esta problemática en la Carta Orgánica a partir del marco normativo vigente y de una perspectiva que atraviese diferentes áreas de intervención.
“No sólo hicimos llegar el documento, sino que también participamos de los talleres ciudadanos que se hicieron sobre temáticas específicas”, expresó.
La referente agregó que el planteo busca sostener una mirada amplia sobre los derechos y las responsabilidades estatales, en lugar de limitar el abordaje a un único sector de la administración municipal.
“También tenemos esta idea de transversalidad, de cuidado integral que aparece en las normativas. Es un tema para pensarlo de manera más amplia, atravesando distintas áreas de interés, como el espacio público, la salud, el acceso a la vivienda y un montón de cuestiones que están vinculadas”, sostuvo.
El hogar Emaús en Bariloche
Salud, vivienda y acompañamiento integral
Entre las iniciativas propuestas para la nueva Carta Orgánica, el documento plantea incorporar un apartado específico sobre las personas en situación de calle y aquellas que se encuentran en riesgo de atravesarla, con principios para el desarrollo de políticas integrales.
También propone promover acciones de prevención, acompañamiento y protección de derechos, junto con mecanismos accesibles de consulta, reclamo y denuncia ante situaciones de discriminación, estigmatización y violencia.
En materia de salud, la Mesa considera necesario garantizar el acceso efectivo y sin discriminación a los servicios sanitarios y de salud mental, contemplando las barreras que pueden dificultar la atención. El planteo incluye fortalecer la articulación entre las áreas municipales y los organismos provinciales y nacionales vinculados con la salud, los consumos problemáticos y la discapacidad.
Otro punto es asegurar la continuidad de los acompañamientos cuando una persona egresa de un dispositivo de atención. La propuesta busca evitar que las intervenciones se interrumpan y que las personas queden sin asistencia durante su proceso de inclusión y recuperación de la autonomía.
En cuanto a la vivienda, el documento propone impulsar políticas que faciliten el acceso y la permanencia en una vivienda adecuada, así como prevenir la pérdida de alojamiento. También plantea desarrollar alternativas habitacionales y espacios de alojamiento seguros, accesibles y adecuados a las distintas necesidades.
La Mesa hace hincapié en que esos dispositivos deben contemplar las diferentes composiciones familiares y las necesidades de cuidado, evitando respuestas que impliquen separar grupos familiares y garantizando protección frente a situaciones de violencia.
Acceso a la Justicia, trabajo y uso del espacio público
Las propuestas también incluyen fortalecer el acompañamiento estatal para resolver trámites administrativos y situaciones jurídicas o judiciales que puedan convertirse en obstáculos para acceder a la vivienda, la salud, el empleo y otros derechos.
En materia laboral y educativa, se plantea promover el acceso al trabajo digno mediante oportunidades de empleo, formación y acompañamiento, además de facilitar la participación en programas educativos y de capacitación. El documento también contempla la necesidad de resolver las dificultades relacionadas con la falta de documentación y otros requisitos administrativos.
Otro de los ejes está vinculado con el uso del espacio público. La Mesa propone garantizar que las personas en situación de calle puedan acceder y utilizar espacios, servicios e infraestructura públicos sin discriminación por su condición habitacional, género, edad, composición familiar, discapacidad o identidad.
En ese sentido, el texto sostiene que la situación de calle no debería constituir, por sí misma, un motivo para impedir o restringir el uso de esos espacios. También plantea que las políticas de convivencia y seguridad deben priorizar respuestas de protección, cuidado, inclusión y acceso a derechos, sin criminalizar ni estigmatizar a quienes atraviesan esta problemática.
La intención de sostener el planteo durante la reforma
Guiñazú señaló que el trabajo de la Mesa continuará durante el proceso de reforma y que uno de los objetivos será acompañar a quienes resulten elegidos como convencionales para que las propuestas construidas colectivamente puedan ser consideradas.
“Vamos a seguir como compartiendo este documento a quienes sean elegidos o elegidas como convencionales, para tratar de que esto no quede en un documento que después se pueda retomar o no, sino que sirva para mostrar la relevancia que tiene esta problemática para la ciudad”, afirmó.
La referente remarcó así la intención de que los aportes no queden limitados a una presentación formal, sino que tengan continuidad durante la discusión de la nueva normativa.