Sufría bullying en una escuela de Bariloche: la Justicia ordenó garantizar que vuelva a clases sin contacto con el otro alumno
Los padres de un adolescente denunciaron situaciones de hostigamiento y una agresión física en la escuela, y solicitaron la adopción de medidas de protección urgentes.
La Justicia de Familia de Bariloche ordenó garantizar la continuidad escolar y la integridad psicofísica del joven, que dejó de asistir regularmente a clases luego de denunciar situaciones de bullying, hostigamiento y violencia física dentro de la escuela.
La situación había comenzado en abril y, según la presentación realizada por sus padres, se agravó en junio, cuando otro alumno lo habría violentado y avergonzado reiteradamente delante de sus compañeros y posteriormente lo habría agredido físicamente dentro del establecimiento.
La familia realizó distintas presentaciones ante las autoridades escolares y organismos intervinientes. Sin embargo, sostuvo que las medidas adoptadas no habían logrado garantizar una separación efectiva entre los dos adolescentes.
Como consecuencia de lo ocurrido, el joven dejó de concurrir regularmente a clases “por temor a nuevas agresiones y a la angustia que le genera compartir espacios con el alumno denunciado”, circunstancia que, según se refiere, “afecta su trayectoria educativa y su derecho a la educación”.}
Durante el proceso, se adoptaron distintas medidas para reorganizar la escolaridad de ambos alumnos. La familia cuestionó especialmente aquellas decisiones que implicaban modificar la trayectoria escolar del adolescente que había denunciado las agresiones.
La Defensoría de Menores apoyó el pedido de protección y solicitó que se garantizara una separación física efectiva entre los dos adolescentes, además de un plan para recuperar los contenidos y evaluaciones que el joven había perdido.
Uno de los elementos considerados por la jueza fue la entrevista mantenida directamente con el adolescente, en cumplimiento del derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados. En esa instancia manifestó que quería volver a la escuela y que no quería que expulsaran al otro alumno del establecimiento. Sin embargo, dejó en claro que no quería volver a compartir espacios con él y que estaba “muy enojado con la situación”.
También explicó que se había atrasado considerablemente con las materias y que quería tener la posibilidad de recuperar los contenidos y evaluaciones pendientes.
El juzgado destacó su voluntad de retomar la escolaridad y la necesidad de que pueda hacerlo en condiciones de seguridad, respeto y sin violencia.
Indicó que la situación planteada exigía ponderar especialmente el interés superior del niño, “su derecho a la educación y a desarrollar su trayectoria escolar en un ámbito libre de violencia, así como el deber estatal de garantizar su integridad psicofísica y el efectivo goce de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación nacional y provincial”.
La jueza consideró que, si bien corresponde al Poder Judicial controlar que no se vulneren derechos fundamentales, no le corresponde reemplazar a las autoridades educativas en las decisiones vinculadas con la organización de la escuela.
Por ese motivo, rechazó disponer directamente el cambio de curso, división o turno del otro alumno, una de las medidas solicitadas durante el proceso. Sin embargo, estableció que la escuela debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que el adolescente pueda continuar sus estudios evitando situaciones de contacto que puedan implicar una reiteración de los hechos denunciados.
La resolución también ordenó que se implemente un plan para recuperar los contenidos y evaluaciones pendientes.
Las autoridades deberán informar las medidas concretas adoptadas, cómo serán implementadas y qué dispositivo se utilizará para garantizar tanto la continuidad educativa como el resguardo de la integridad psicofísica del adolescente.