Violencia familiar en Bariloche: viven en el mismo terreno y la Justicia dictó medidas de protección
Una mujer denunció a uno de sus hermanos por una situación de violencia que, según relató ante la Justicia, se extendió dentro de la familia durante años. Ambos viven en el mismo terreno, aunque actualmente ella se encuentra en la vivienda de otro hermano mientras construye su propia casa en el fondo del predio.
La presentación fue realizada ante la Unidad Procesal N.º 7 de Bariloche, que dispuso medidas protectorias para resguardar a la mujer y a su pareja.
Según consta en la resolución, la denunciante señaló que su hermano "siempre fue una persona violenta con todos", incluso con su padre, quien es propietario del terreno. De acuerdo con su relato, el hombre habría optado por regresar a Buenos Aires debido a la violencia ejercida por su hijo.
La mujer explicó que vive con su pareja en la casa de otro de sus hermanos mientras avanza con la construcción de su vivienda en el mismo predio. También manifestó que la situación afectó su salud por no poder “sostener emocional ni psicológicamente la violencia desplegada por su hermano, que fue naturalizando con el tiempo”. Y que el temor y el estado de alerta permanente le provocaron descompensaciones que terminaron en hospitalizaciones.
Uno de los episodios que expuso ante la Justicia fue una amenaza contra su pareja. Según denunció, su hermano había amenazado con atacarlo con un cuchillo si regresaban al terreno. Por ese motivo, señaló que no se habían animado a volver sin contar previamente con medidas de protección.
La jueza Cecilia M. Wiesztort consideró necesario disponer medidas preventivas para evitar nuevos episodios de violencia y resguardar la integridad de la denunciante.
Uno de los aspectos particulares de la resolución está relacionado con el hecho de que ambas partes viven en el mismo predio. Por eso, la Justicia prohibió al denunciado acercarse a la mujer y a su pareja y estableció una distancia mínima de protección.
Además, le prohibió ingresar a la vivienda de la denunciante y obstruir el ingreso al predio.
La medida también alcanza cualquier acto molesto o perturbador y prohíbe establecer contacto personal, telefónico, digital o por cualquier otro medio que implique una intromisión injustificada en la vida de la mujer.
La jueza también ordenó la intervención del Servicio de Abordaje Técnico (SAT), que deberá realizar un abordaje territorial, evaluar el nivel de riesgo y determinar si es necesario prorrogar las medidas. El organismo tendrá diez días para presentar su informe. Además, la resolución fue comunicada a la Policía de Río Negro y a la Comisaría de la Familia, que deberán intervenir ante cualquier incumplimiento.
La Justicia advirtió que, si el denunciado incumple las medidas de protección, las actuaciones podrán ser remitidas al Ministerio Público Fiscal para evaluar la posible configuración del delito de desobediencia a la autoridad.
La resolución fue dictada en el marco de la Ley 26.485 y de la Convención de Belém do Pará, normas que establecen obligaciones estatales de prevención y protección frente a situaciones de violencia contra las mujeres.