Trabajadores de Parques Nacionales denuncian “una quita ilegal de sueldos”
Las escalinatas de ingreso a la sede de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, en San Martín 24, una vez más, en coincidencia con una medida en la casa central de la entidad, en Buenos Aires, fueron escenario de una acción de visibilización por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en la que se apuntó contra lo que, desde el gremio, denominaron “un vaciamiento” del organismo —hablando incluso de una “una estrategia de remate”—, resaltando una reciente “quita ilegal de sueldos”.
De tal forma, en una convocatoria para exponer esa posición frente ante los medios de prensa, apreciaron que “el Gobierno nacional ha profundizado su ofensiva contra el sector científico técnico”, remarcando que ese accionar se produce “en el marco de una política generalizada de ajuste fiscal que afecta al empleo público”.
Los delegados de ATE leyeron un documento con la posición del gremio.
“En la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo integrado al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología desde 2020, la agresión se materializó en la suspensión unilateral del suplemento por función específica a los cuarenta y tres agentes del Agrupamiento Científico-Técnico que ingresaron por concurso público en 2023”, indicaron, especificando que nueve de ellos son de Bariloche.
Además, recalcaron que “la medida se adoptó sin acto administrativo ni notificación formal”.
Marcelo Rojas, de ATE Parques Nacionales.
Así, subrayaron que “los trabajadores afectados se percataron de la quita, que supone alrededor del veinte por ciento de su salario, al ver sus respectivas liquidaciones”.
De tal forma, calificaron el proceder como “una medida de disciplinamiento, en línea con la estrategia que viene desarrollando el Gobierno contra toda la ciencia”.
Asimismo, expusieron que las labores que desarrollan las personas afectadas “resultan críticas e insustituibles en temas como monitoreo de especies y ecosistemas estratégicos; evaluación de impacto ambiental y planificación territorial; la prevención y gestión del riesgo y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en biodiversidad y cambio climático”.
Constanza Casalrrey, antropóloga y delegada de ATE
“Estos trabajadores también articulan con universidades y organismos de investigación nacional y provincial, e incluso internacional, a fin de promover y acompañar investigaciones de interés para los fines del organismo”, manifestaron, apreciando que se trata de personas “ampliamente capacitadas”, con “maestrías, doctorados y postdoctorados”.
“Este es un rol que en APN se lleva adelante desde hace mucho tiempo. En algunos casos, los concursos reconocieron la labor de muchos compañeros, en otros, fueron trabajadores que decidieron concursar y venir a trabajar a APN, distribuidos en distintos lugares del país”, explicaron, exponiendo que quienes cumplen esas funciones “aportan una mirada y conocimiento fundamental para garantizar el buen cuidado de nuestros bienes comunes y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en biodiversidad y cambio climático”. En ese punto, precisamente, advirtieron que dicha temática —cambio climático— la “desconocen hacia afuera, pero que utilizan los financiamientos internacionales (sobre esa cuestión) si así lo requieren”.
Apuntaron contra "una estrategia de remate"
“Esta nueva arremetida contra los trabajadores de ciencia y técnica constituye un paso más en la estrategia de remate y venta de nuestros recursos que lleva adelante el actual Gobierno nacional”, afirmaron, y consideraron que esa política coincide con la line marcada por “la modificación de la Ley de Glaciares, y con los sucesivos intentos de modificar la Ley de Manejo del Fuego, la de Bosques Nativos y la de Tierras”.
“Con esta medida se busca desjerarquizar a la Administración de Parques Nacionales, que tiene la misión y función de preservar nuestro patrimonio”, opinaron, apreciando que lo que se busca "es vaciar al organismo de contenido, de capacidad técnica para monitorear y proteger la diversidad biológica y cultural que comprenden las dieciocho millones de hectáreas que se encuentran bajo su administración, para así lograr su objetivo final: dejar el camino allanado para todo tipo de emprendimientos que poco tienen que ver con la conservación o el uso público sostenible”.
En ATE perciben que el objetivo es la salida de trabajadores especializados.
De tal modo expusieron que se pretende “fomentar las renuncias de trabajadores calificados. Profundizar el recorte y, por sobre todo, continuar debilitando los criterios técnicos para la toma de decisión”. Al respecto, sostuvieron: “Informes técnicos sustentados en información de calidad es todo lo que el Gobierno busca evitar para concretar intereses que poco tienen que ver con la conservación y el uso sostenible. Este ataque no hace más que revelar su real intención: desmantelar el resguardo del patrimonio natural y cultural para ejecutar proyectos y autorizar emprendimientos sin reparos”.
Teniendo en cuenta esas consideraciones afirmaron que, con el accionar gubernamental del presidente Javier Milei, se pone “en juego nuestra soberanía, nuestros bienes comunes, nuestra calidad de vida, la de nuestros hijos y el ambiente todo”.
“Exigimos el restablecimiento inmediato del suplemento por función específica a todos los agentes del Agrupamiento Científico-Técnico y garantía de continuidad de la labor científica en APN”, recalcaron.
La lectura del documento de acompañó por sonido de bombos y la presencia de banderas.
“BUSCAN QUE NOS VAYAMOS”
Los delegados de ATE Parques Nacionales encargados de difundir la postura del gremio fueron Constanza Casalrrey y Marcelo Rojas.
Precisamente, Rojas hizo hincapié en que “los trabajadores afectados se enteraron de la situación cuando vieron sus recibos de sueldos en el momento en que se hacía la liquidación”, lo que, además del perjuicio económico, implica “un carácter de crueldad muy grande”.
Asimismo, recalcó que no existe un acto administrativo que respalde la medida, sino que “recién ahora, posteriormente, las autoridades están elaborando documentos que justifiquen la decisión del recorte. Todo un signo de la improvisación e ilegitimidad de la medida”.
“Se está trabajando con el equipo jurídico del equipo directivo de ATE para ver cómo seguir”, informó Rojas.
Por su parte, Casaldelrrey, que es antropóloga y trabaja en la División de relaciones con la comunidad, remarcó que, a su entender, la medida es una muestra “del ataque de este Gobierno a la ciencia”. Así, afirmó: “Buscan que nos vayamos”.