CORRUPCIÓN
Funcionarios del Gobierno fueron denunciados por posible estrago ante el deterioro de las rutas nacionales
En una reciente denuncia presentada ante la Justicia Federal, se ha puesto en la mira a varios altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. Esta acción legal, llevada a cabo por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, destaca preocupaciones serias sobre el deterioro de las rutas nacionales y el manejo de los fondos destinados a su mantenimiento. La denuncia reabre un debate crucial sobre la gestión de los recursos públicos y el impacto de estas decisiones en la seguridad de quienes transitan por estas vías.
El escrito presentado acusa directamente a figuras prominentes del gobierno, incluyendo al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, entre otros. Los acusadores alegan que la subejecución de los fondos presupuestados para el mejoramiento y mantenimiento de las rutas podría constituir un estrago, un delito tipificado en el artículo 189 del Código Penal, cuando las acciones u omisiones imprudentes ponen en peligro o causan la muerte de personas.
Una de las críticas más notables realizadas en la denuncia es sobre el manejo del fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, cuyo objetivo es asegurar financiamiento para obras de infraestructura vial. Según las investigaciones preliminares, el gobierno habría recaudado una cifra cercana a los 1,5 billones de pesos para estas obras, ejecutando efectivamente solo una fracción de los mismos.
Para los denunciantes, no se trata solo de un problema contable, sino de una cuestión de seguridad pública. La falta de mantenimiento y mejoras en las rutas puede tener consecuencias desastrosas, como el aumento de accidentes fatales que ya están siendo reportados por diversas fuentes y sindican una subida alarmante en las tasas de muertes viales.
Otro aspecto alarmante que la denuncia destaca es el repunte en la siniestralidad vial. Con declaraciones de gremios y sindicatos vinculados a Vialidad Nacional, respaldadas por informes no oficiales y estudios de caso, se sugiere que las fatalidades en las rutas han visto un incremento del 300% en años recientes. Este deterioro se atribuye a un abandono progresivo del mantenimiento rutinario de las vías nacionales y a la inacción por parte de las autoridades responsables.
Las medidas solicitadas por los denunciantes buscan esclarecer estos elementos mediante citaciones a testigos y la recolección de informes oficiales relacionados con el estado de los caminos y la frecuencia de siniestros. Piden la colaboración de diversos organismos, incluidos la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para reunir evidencia sobre la condición actual de la infraestructura vial y los incidentes registrados desde 2019.
La presentación de la denuncia se enmarca también en una discusión de mayor calado, tocando elementos constitucionales y de derechos humanos. Según los denunciantes, el Estado tiene una obligación positiva de asegurar la seguridad de su infraestructura vial, fallando en preservar el derecho a la vida e integridad de los individuos que circulan por ella si los caminos no son mantenidos adecuadamente.
Este incumplimiento, afirman los abogados, es suficiente para inferir una responsabilidad penal por parte de las autoridades estatales, quienes deben responder ante un "riesgo continuado" que está costando vidas.