Causa sobresueldos: César Barbeito regresó de sus vacaciones y quedó detenido en Bariloche
La entrega se produjo este fin de semana, luego de que el exfuncionario interrumpiera unas vacaciones —presuntamente en el Caribe— tras enterarse de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había rechazado los últimos recursos de la defensa, dejando firmes las sentencias por el delito de peculado.
De esta manera, Barbeito se suma al exlegislador Francisco “Ringo” González, quien ya había comparecido el pasado viernes en la comisaría de Darwin y fue alojado en la misma unidad penal. Ambos recibieron las penas más altas del proceso al ser considerados autores materiales de la maniobra, ya que la distribución de los fondos públicos se ejecutaba desde la cartera de Coordinación que ambos encabezaron.
La estrategia de la defensa y el estado de los demás condenados
A pesar de la detención, el abogado defensor de Barbeito, Damián Torres, confirmó que durante el transcurso de esta semana presentará un pedido formal de prescripción de la causa en un intento por revertir el encarcelamiento del exministro de la gestión radical de Miguel Saiz.
El histórico fallo de la Corte Suprema —que llevó las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— ratificó además las condenas de otros seis exfuncionarios de alta jerarquía de aquel gobierno, imputados como partícipes necesarios:
- Omar Contreras (Turismo)
- Cristina Uría (Salud)
- Juan Accatino (Producción)
- Alfredo Pega (Desarrollo Social)
- Diego Larreguy (Gobierno)
- José Ongaro (Extesorero general)
A diferencia de Barbeito y González, este grupo recibió penas de dos años y medio de prisión en suspenso, por lo que no quedarán tras las rejas.
La causa
La causa penal, que se inició en 2011 a raíz de una investigación periodística, puso bajo la lupa un sofisticado esquema implementado entre 2004 y 2010. Durante ese período, la administración provincial utilizó fondos públicos para abonar adicionales salariales a cargos jerárquicos del Estado por fuera de los circuitos administrativos tradicionales y evadiendo de forma sistemática los organismos de control.
El proceso judicial sumó más de una década de marchas y contramarchas. Tras las condenas iniciales dictadas por la Cámara Criminal de Viedma en 2018 (con el tribunal integrado por Ignacio Gandolfi, Gustavo Guerra Labayen y Marcelo Valverde, y la acusación de los fiscales Hernán Trejo y Paula Rodríguez Frandsen), el Superior Tribunal de Justicia (STJ) las ratificó por mayoría en septiembre de 2020.
Aquel fallo dividido del STJ —con los votos favorables de Ricardo Apcarián, Adrián Zimmermann y Rita Custet, frente al planteo de anulación de Sergio Barotto y Enrique Mansilla— cerró el camino provincial que ahora la Corte Suprema de la Nación terminó de sepultar de manera definitiva, transformando el caso en una de las mayores condenas por corrupción de la historia reciente de Río Negro.