CONTROVERSIA
Qué establece la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal a la que se adhirió Manuel Adorni
En medio de una tormenta legal que lo acorrala, Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, ha decidido utilizar una controversial herramienta legislativa para afrontar las acusaciones que pesan sobre él relacionadas con un notable enriquecimiento ilícito. Adorni ha optado por acogerse al régimen de Inocencia Fiscal regulado por la Ley 27.799, desarrollada por la administración actual, para evitar tener que aclarar el origen de los fondos que han suscitado tanto interés por parte de las autoridades.
La Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre de 2025, propone una redefinición radical del sistema fiscal tradicional. El principal cambio lo constituye el principio de que el contribuyente es declarado inocente a menos que el fisco pueda demostrar lo contrario, un cambio que beneficia ampliamente a aquellos que buscan blanquear capitales.
Así, se abre una ventana para que los contribuyentes utilicen sus ahorros sin miedo a un escrutinio estatal riguroso sobre el origen de sus fondos, evitando sanciones a pesar del posible vínculo con actividades ilícitas.
Entre las actualizaciones que trajo esta legislación se encuentran los umbrales ajustados de lo que constituye un delito fiscal. Actualmente, la evasión simple tiene un mínimo de 100 millones de pesos y la evasión agravada sube hasta los mil millones de pesos, una notable diferencia con respecto al pasado. Además, el poder fiscalizador del Estado se ve limitado en el tiempo, ya que la revisión de cuentas retrocede de cinco a solo tres años.
Un aspecto notorio de esta normativa es la implementación de un nuevo sistema de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias, destinado a individuos con ingresos anuales de hasta mil millones de pesos. El cálculo del impuesto se basa ahora en la facturación directa, mientras que la recopilación de los datos necesarios para la declaración es llevada a cabo por la agencia recaudadora, aliviando significativamente a los contribuyentes de esta carga.
Este enfoque no sólo facilita evitar las cargas fiscales complejas, sino que también suprime la obligación de los contribuyentes adheridos de tener que rendir cuenta sobre sus gastos o activos durante el año fiscal precedente. De esta manera, el régimen ofrece un camino veloz para regularizar situaciones fiscales intempestivas públicas o privadas, aunque no deja de estar exento de recibir numerosas críticas que lo acusan de promover la opacidad financiera.
El hecho de que Adorni haya recurrido a esta ley ha puesto el foco de atención no solo sobre su caso particular, sino también sobre la viabilidad y las implicaciones éticas de la Ley 27.799. En un contexto transparente y justo, resulta particularmente espinoso que altas cifras de dinero puedan ser blanqueadas pasando por alto interrogantes incómodos sobre su procedencia.