Secta rusa en Bariloche: la defensa de Rudnev acudió a la ONU para evitar que vuelva a prisión
La defensa de Konstantin Rudnev, acusado de liderar una presunta secta rusa investigada por trata de personas en Bariloche, presentó una ampliación urgente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos de Naciones Unidas para intentar frenar un posible regreso a prisión del imputado.
El planteo fue realizado luego de que la Cámara Federal de Casación Penal aceptara revisar la prisión domiciliaria que actualmente cumple el ciudadano ruso de 59 años en un complejo privado del partido bonaerense de San Vicente.
Según la presentación internacional, existe un “riesgo actual e inminente” de que Rudnev vuelva a una cárcel federal, situación que la defensa considera incompatible con su estado de salud.
Los abogados denunciaron además supuestos indicios de “falta de imparcialidad” por parte de la fiscalía interviniente y advirtieron sobre un eventual uso arbitrario del proceso judicial, impulsado (según sostienen) por “estereotipos antisectas” y prejuicios religiosos.
Rudnev permanece bajo arresto domiciliario junto a su esposa, Tamara Rudneva, y se encuentra monitoreado mediante tobillera electrónica. Días atrás fue sometido a una cirugía por una hernia inguinoescrotal.
La defensa aseguró que el acusado presenta un delicado cuadro de salud, con secuelas derivadas de un ACV, hipertensión severa, una protusión cervical y una importante pérdida de peso durante el proceso judicial.
Ante este escenario, los abogados solicitaron a la CIDH que requiera información urgente al Estado argentino sobre la revisión de la prisión domiciliaria y reclamaron que cualquier modificación de su situación sea sometida a controles médicos independientes y criterios de proporcionalidad.
Entre las medidas reclamadas también figuran atención médica especializada, acceso irrestricto a la defensa, contacto con familiares y médicos particulares, además de la prohibición de traslados terrestres prolongados sin asistencia sanitaria.
Asimismo, pidieron garantías para impedir una eventual deportación forzada hacia Rusia. La causa continúa avanzando en la Justicia argentina mientras se espera una definición sobre el futuro procesal del imputado y la continuidad o no del beneficio de la prisión domiciliaria.