Presentaron un proyecto para legalizar la eutanasia en la Argentina
El diputado nacional socialista Esteban Paulón ha encendido un debate profundo presentando un proyecto de ley bajo el nombre de “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”. Esta propuesta marca un hito potencial en el reconocimiento del derecho de las personas a decidir cómo y cuándo morir, pero sobre todo, a hacerlo bajo el amparo y con el apoyo del sistema de salud. Actualmente, la legislación argentina prohíbe tanto la eutanasia como el suicidio asistido, situándolos como delitos en el Código Penal. La propuesta de Paulón busca cambiar este paradigma legal centrándose principalmente en aquellos pacientes que sufren de enfermedades graves, incurables o padecimientos debilitantes, bajo sufrimientos inenarrables.
La propuesta legislativa, articulamente compuesta, establece dos modalidades principales: por un lado, la eutanasia, donde un profesional de salud administra personalmente una sustancia letal. Por otro, la muerte asistida, posibilitando que el propio paciente ingiera el preparado médico proporcionado bajo supervisión médica. Estos procedimientos pasarían a estar cubiertos obligatoriamente por el sistema de salud argentino, y se aplicarían a través de hospitales públicos, obras sociales y servicios prepagos, sin ningún tipo de copago por parte del paciente.
Arropando con especial cuidado el tema legal, el proyecto impone diversas condiciones en su acceso. Deberá ser mayor de 16 años y acreditar nacionalidad argentina o residencia permanente de no menos de un año. Dos aspectos cruciales en el acceso serán la presentación de una enfermedad incurable y la manifestación de una voluntad inequívoca del paciente para proceder, todo recabado bajo un procedimiento que obliga a intervalos temporales de reflexión y a un consentimiento claro, libre de presiones de cualquier índole.
A fin de legitimar y garantizar el proceso, intervienen en él un médico a cargo, un profesional consultor independiente y un equipo multidisciplinar que incluye psicólogos, psiquiatras y especialistas en bioética. Además, antes de autorizar cualquier intervención, una Comisión de Evaluación y Garantías desempeñará un último chequeo.
Además de integrar el acceso a cuidados paliativos como parte del acercamiento a morir con dignidad, Paulón resalta la importancia de aceptar la objeción de conciencia de los médicos, si es que individualmente deciden no participar, aunque prohibiendo tajantemente dicha objeción en nombre de instituciones. Todo esto va acompañado de una propuesta de reforma al Código Penal que exoneraría de culpa al profesional actuante siempre y cuando todos los requisitos sean cumplidos, junto con ajustes adicionales en los Derechos del Paciente.
Paulón sustenta su propuesta recabando extensivos antecedentes internacionales, refiriéndose a países como Países Bajos, Bélgica y España donde vigilan legislaciones similares. Esto sigue un movimiento ya presente dentro del Congreso que persigue encauzar la dignidad al final de la vida, representando además un debate eficaz que atraviesa transversalmente diferentes partidos.